Hochschild rechaza actos de violencia contra unidad minera Inmaculada: "Es totalmente inaceptable"

José Augusto Palma, vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de la empresa Hochschild, informó en RPP Noticias que el lunes 31 de octubre alrededor de 30 personas del caserío Casma Palla Palla ingresaron a la unidad minera Inmaculada, ubicada en Ayacucho, y "quemaron instalaciones, agredieron a nuestros funcionarios, rompieron la malla, ingresaron ilegalmente a la zona industrial amenazando a nuestros 1 700 trabajadores". "Estas acciones son violentas, son contrarias a nuestro ordenamiento legal y no deben permanecer impunes en un estado de derecho", expresó.

Palma indicó que los trabajadores de la mina están "sumamente preocupados y asustados" por lo ocurrido el pasado lunes, por lo que la empresa Hochschild está tomando todas las precauciones para tranquilizarlos y darles las seguridades del caso. Asimismo, informó que ya se hizo la denuncia a la fiscalía y están a la espera de que el fiscal competente vaya a la zona del incidente para constatar los hechos y tomar las medidas que correspondan conforme a ley. "También hemos solicitado reuniones urgentes con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Energía y Minas y esperamos reunirnos con ellos para alertarlos de lo que está pasando, pedirles su participación e intervención para evitar nuevos actos de violencia que atenten contra nosotros, la propiedad privada y, sobre todo, contra nuestros trabajadores", señaló.

¿A qué se deben estas protestas? Palma precisó que la mina Inmaculada "opera en terrenos sobre los cuales tiene servidumbres otorgadas por los propietarios de los terrenos: el Estado y la comunidad campesina de Huallhua". Sin embargo, pobladores de Casma Palla Palla alegan ser propietarios de parte de esas tierras y reclaman sumas de dinero por ellas. "Nosotros de buena fe reconocimos esa condición y en mayo de este año se firmó un contrato con ellos donde se les pagó 3 millones de soles por esa posesión en dos armadas: la primera ya fue pagada y la segunda tiene que ser pagada en abril. Ahora no aceptan el contrato que firmaron hace menos de 5 meses y reclaman sumas millonarias por supuestamente ser posesionarios de más tierras", explicó.