Conflictos sociales en el Perú.
La Defensoría del Pueblo, en su último reporte de noviembre, indica que hay 199 conflictos sociales en el país. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Referencial

El gobierno de Pedro Castillo cerrará el 2021 con una cifra que no se registraba desde hace tres años: que en un mes se reporten 199 conflictos sociales. Eso ha ocurrido en noviembre de este año y no pasaba desde octubre del 2018, según cifras de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué factores han generado el aumento de la conflictividad?

El defensor adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque Mogrovejo, indicó que la diferencia con el 2018 es que ahora vivimos un clima de inestabilidad política.

“Existe un crecimiento extraordinario del número de conflictos, pero lo que más llama la atención es la intensidad con que se han presentado. Tiene un impacto en la credibilidad de las instituciones, en la permanencia de los equipos encargados de la gestión de conflictos y de la gestión pública. Hemos tenido, en los últimos cuatro años, siete viceministros y 13 secretarias o secretarios de gestión social y diálogo. Eso representa una perturbación, un retroceso”, dijo.

Según Luque, en el 2021, las protestas, bloqueos de carreteras e incluso daños a la propiedad han dado como resultado el fallecimiento de siete personas, todas civiles, y 178 heridos, 20 de estos últimos, policías.

“Hemos tenido, hace algunas semanas, por lo menos 10 conflictos en simultáneo con medidas de fuerza, bloqueos, enfrentamientos con la policía, con ataques a instalaciones de compañías mineras, produciendo incendios y numerosos daños. Eso hemos tenido. Estamos en un país altamente conflictivo”, comentó.

Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo que sigue la conflictividad social en el Perú, afirma que los constantes cambios en las secretarías de diálogo del gobierno influyen negativamente en la resolución de conflictos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Analí Andrade

Conflictos por actividades extractivas

El conflicto más difícil de manejar ha sido el del corredor minero del sur, donde los comuneros de Chumbivilcas, en Cusco, bloquearon la vía hasta en tres ocasiones para que sus demandas, contra la empresa MMG Las Bambas, sean escuchadas.

Pero la región que más conflictividad acumula es Loreto, con 29 casos. Ahí, los nativos tomaron instalaciones petroleras por casi ochenta días y demandaban remediación ambiental, dotación de infraestructura básica, entre otros pedidos.

Ismael Pérez, líder indígena awajún, cuenta que, más de una vez, fueron desairados por las autoridades.

“Estuvimos aquí (en Lima) más de un mes buscando diálogo cuando era premier Guido Bellido y no se llegó a ningún acuerdo. Lo cambiaron a él. Después ingresamos a conversar con el presidente y no tuvimos cosas concretas. Y empezamos el paro de control territorial dentro de la estación 5 y todo el circuito petrolero”, explicó.

En la quincena de diciembre, el diálogo tuvo frutos y las aguas se calmaron. Los indígenas "entregaron" la estación 5. 

El 2021 también estuvo marcado por un conflicto entre varias comunidades de Áncash y la compañía minera Antamina. En octubre hubo bloqueo de vía, diálogo y, finalmente, solución.

“En el tema social, básicamente, sí hay un problema respecto a la población que más ve a Antamina, la verdad, como un tema económico. Pero no se proyecta a Antamina como un tema de carácter productivo: enseñar a la población, capacitar a la población para que sea productiva”, comentó Mariano Diaz, vecino del distrito de San Marcos, Huari, a RPP Noticias.

Ismael Pérez, líder indígena awajún, cuenta que varias intentaron dialogar con el gobierno pero no fueron atendidos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Analí Andrade

Reclamos contra el Estado

Según la Defensoría, 124 conflictos de los 199 que se reportaron hasta noviembre del 2021, son reclamos contra el gobierno nacional. Mientras que 52, les corresponden a gobiernos regionales. Además, 18 casos tienen que solucionar los gobiernos locales; 3, el Poder Judicial; y 1, el Poder Legislativo.

Marcel Ramírez, especialista en temas socioeconómicos, cree que el gobierno no está cumpliendo lo ofrecido. “El gobierno ha creado demasiada expectativa. Se ha puesto demasiado del lado de la comunidad o de la población y no está escuchando razones técnicas. No se está responsabilizando por el problema. (El gobierno) Ha creado una expectativa muy grande basada en generar la idea de que la empresa actúa mal y la población tiene el derecho de exigirle corrección a la empresa. El comportamiento correcto de una empresa está regido por las normas y hacerlas cumplir. No puede el gobierno hacerse a un lado", indicó.

Y agregó: "Si continúan los proyectos y empresas paralizadas, alguien tendrá que pagar las consecuencias del año y habrá un perjuicio que afectará a la población sin ingresos, movimiento comercial, sin tributación y el impacto puede ser mayor a lo que uno observa”.

Según Ramírez, los efectos de obras paralizadas pueden sentirse grandemente. “El IGV se recorta, el FONCOMUN (Fondo de Compensación Municipal) se recorta, son varios impactos. Por eso, es raro e irresponsable que el estado da esas señales sobre la actividad minera. Les guste o no. No tiene sentido esta pelea tan abierta, que, para mí, no tiene razón ni sustento del reclamo, no se aprecia que hay razones para ese tamaño de reclamo. El estado quita cuerpo del problema, se hace a un lado y deja que los demás se peleen y tarde o temprano la cuerda se romperá”, manifestó.

Bloqueo Las Bambas
En la comunidad de Hatun Collana, uno de los puntos de bloqueo del corredor minero del sur, los pobladores construyeron sus chozas en pleno corredor. | Fuente: RPP

Conflictos sociales: ¿Qué hace el gobierno nacional?

La responsable de la Secretaría de Gestión y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carmen Gisell Huamaní Olivo, reconoce que, parte de las demandas, nacieron en la época electoral.

“Es correcto decir que la población ha tenido expectativas muy altas a partir de lo que los mismos candidatos van ofreciendo a lo largo de la campaña electoral y esto es algo recurrente, no solo en nuestro país, sino en otros países que atraviesan procesos electorales Y ahí el trabajo de prevención es, precisamente, con estos casos que representan un riesgo, poder atenderlos, poder reencausarlos", dijo.

Huamaní explicó la diversidad de casos que deben afrontar. “Los conflictos sociales en el país son por temas diversos y complejos, entre ellos, por razones del contrato, problemas marco y las aspiraciones que tiene la población de formar parte de la cadena de valor de las empresas extractivas”, dijo.

Y añadió: “Tenemos casos de conflictos que se mezclan con entidades privadas y públicas y en cada uno de estos escenarios el estado cumple un rol distinto. El estado cumple un rol de negociar con actores locales, se sienta para ver cómo viabilizar proyectos de una manera rápida, efectiva y también de acuerdo a las normas de inversión pública. En casos de conflictos con empresas privadas, el estado actúa como mediador y a las dos partes se les acompaña y monitorea, se facilita el proceso y se da seguimiento a los compromisos que firman ambas partes”.

Pero además, la secretaria de Gestión y Diálogo afirmó que el Legislativo también tiene una parte por hacer. "Ahora depende de este nuevo Congreso que puedan modificar la ley del canon, ordenamiento territorial, problemas ambientales y tener un marco moderno actualizado que tenga nuevos estándares internacionales”, señaló.

El 64.3% de los conflictos sociales tienen que ver con denuncias socioambientales. Hay, aún así, regiones con poca conflictividad como Ucayali, Madre de Dios, Tumbes, Callao, Tacna y Huancavelica.

Por Analí Andrade

Giselle Huamaní, de la PCM, reconoce que "la población ha tenido expectativas muy altas a partir de lo que los mismos candidatos van ofreciendo a lo largo de la campaña electoral". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Analí Andrade

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