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Presidente del JNE advierte que proyectos en el Congreso "vulnerarían" la autonomía de entes electorales

Jorge Luis Salas Arenas dijo que someter a los miembros del sistema electoral a juicio político contradice abiertamente los estándares jurisprudenciales.
Jorge Luis Salas Arenas dijo que someter a los miembros del sistema electoral a juicio político contradice abiertamente los estándares jurisprudenciales. | Fuente: JNE

Bancadas del Congreso han presentado seis proyectos de ley para incluir a los titulares de los organismos electorales en el artículo 99 de la Constitución con el fin de que puedan ser sometidos a juicio político. Para Jorge Luis Salas Arenas, tal situación atentaría contra la independencia del JNE.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, advirtió que la democracia en el Perú se encuentra en riesgo, debido a que congresistas de diversas bancadas han presentado proyectos que vulnerarían la autonomía de los organismos electorales. 

Durante una conferencia de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), detalló que 21 congresistas de cuatro bancadas han presentado cinco proyectos para modificar las reglas electorales que tienen que ver directamente con el JNE y que afectarían de una u otra manera el funcionamiento del organismo electoral. 

Además, 31 legisladores de cuatro bancadas, basados en una exhortación del Tribunal Constitucional (TC), han presentado seis proyectos de ley para incluir a los titulares de organismos electorales en el artículo 99 de la Constitución, con el fin de que puedan ser sometidos a juicio político. 

El artículo 99 de la carta magna establece: "Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al defensor del Pueblo y al contralor general por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas".

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Las iniciativas legislativas de Luis Aragón Carreño (Acción Popular), Rosselli Amuruz (Avanza País), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Elvis Vergara (Acción Popular), Wilson Soto Palacios (Acción Popular), Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso) pretenden, precisamente, reformar el artículo 99 para incorporar a los miembros del JNE, al jefe de la ONPE y al jefe del Reniec, a fin de que también puedan ser acusados, procesados y sancionados por el Congreso.

Para Salas Arenas, tal situación atentaría contra la independencia del JNE, la cual, remarcó, está amparada en la Constitución y en los principios de la jurisprudencia interamericana, que protege la autonomía de los jueces en general, entre ellos los electorales. 

En esa línea, sostuvo que someter a los miembros del sistema electoral a juicio político contradice abiertamente los estándares jurisprudenciales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y recordó que dicho órgano supranacional ha señalado que la garantía de independencia judicial de los tribunales electorales resulta indispensable dentro de un sistema democrático.

“Dicho control, que estaría a cargo del Congreso de la República, implicaría que los parlamentarios podrían sancionar a las autoridades electorales a partir de una valoración política y no jurídica, lo cual colocaría en alto riesgo a la democracia peruana”, alertó el titular del JNE en un comunicado.

Medidas de protección

Jorge Luis Salas Arenas recordó que solicitó en su oportunidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para resguardar su integridad, la de su familia, así como su desempeño funcional, la cual le fue concedida. 

“Ante esta agresión a la institucionalidad democrática, cuyo fin es el control del JNE, a través del juicio político, ha solicitado que se eleve tal disposición y se convierta en una medida provisional dictada por la Corte IDH, que tiene los efectos de una medida judicial, que el Estado peruano está en la obligación de acatar por ser país adscrito”, añadió.

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