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Congresistas de diferentes bancadas han presentado seis proyectos que proponen juicio político para las autoridades de la ONPE, Reniec y JNE. Especialistas analizan las implicancias de estas propuestas.
En lo que va del 2023, son seis los proyectos de ley que se encuentran en la Comisión de Constitución del Congreso a la espera de ser aprobados y tienen un objetivo en común: modificar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.
¿Por qué causa tanto interés entre los parlamentarios de diferentes bancadas cambiar esta parte específica de la Carta Magna? El artículo 99 está referido a los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político, es decir, ser sancionados por el Pleno del Congreso si este considera que pudieron incurrir en delitos en el ejercicio de sus funciones, una sanción que puede permanecer hasta cinco años después de que la autoridad cuestionada haya dejado el cargo.
El ejemplo más reciente sobre este aspecto es el caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a quien el Congreso, el 21 de junio, aprobó inhabilitarla para ejercer todo cargo público por cinco años, por haber suspendido, en enero del 2022, las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.
Pero el artículo 99 tiene una particularidad, menciona de manera específica a los únicos funcionarios que pueden ser sujetos de sanción: el Presidente de la República, los representantes al Congreso, los Ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos (como Zoraida Ávalos), el Defensor del Pueblo y el Contralor General.
Y es aquí donde los proyectos de ley mencionados entran a tallar.
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Proyecto N° 4333, el punto de partida
El 28 de febrero el congresista Luis Ángel Aragón Carreño de la bancada de Acción Popular, presentó el proyecto de ley N°4333 denominado “ley de reforma constitucional que modifica el artículo 99 para incorporar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)”.
Bajo esta propuesta, las autoridades de los organismos responsables de llevar adelante los procesos electorales en el país podrán ser acusados, procesados y sancionados por el Congreso por faltas de naturaleza políticas.
La comisión de Constitución del Congreso que recibió este proyecto de ley solicitó, como manda la norma, una respuesta técnica a las instituciones involucradas. Los miembros del JNE respondieron de forma contundente: “[el proyecto de ley] implicaría un grave riesgo a la independencia del sistema electoral, teniendo en cuenta que parte esencial de las garantías de su independencia que prevé la Constitución es justamente su separación absoluta del poder político, lo que es inherente a la labor que desarrollan dichos organismos y a la aún débil institucionalidad existente en nuestro país”.
Cinco días antes a la presentación del proyecto de Luis Aragón, el 23 de febrero, el pleno del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de interpretación de la Constitución, resolvió mediante el expediente Nº 00003-2022-PCC/TC exhortar al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como su reglamento, para incorporar a los miembros del JNE, al jefe de la ONPE y al jefe del RENIEC; entre los sujetos de juicio político.
A partir de esta resolución, nuevos proyectos de ley comenzaron a producirse en la misma línea al proyecto del congresista Aragón, los cuales se detallan a continuación:
Rosselli Amuruz (Avanza País). Proyecto de ley N° 4347, del 01-03-23
Patricia Juárez (Fuerza Popular). Proyecto de ley N°4430, del 09-03-23
Elvis Vergara (Acción Popular). Proyecto de ley N° 4435, del 09-03-23
Wilson Soto Palacios (Acción Popular). Proyecto de ley N° 4477, del 14-03-23
Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso). Proyecto de ley N° 4495, del 15-03-23
Todas estas iniciativas legislativas proponen la modificación del artículo 99 para incorporar a todas las autoridades electorales en él.
Congreso
Proyectos de ley que buscan sancionar políticamente a las autoridades electorales
Algunas reacciones
Para la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, este tipo de propuestas son peligrosas y representan una amenaza para el sistema democrático: “[los proyectos de ley] han cobrado mayor fuerza desde que se busca responsabilizar a las autoridades electorales de un supuesto fraude electoral ocurrido en el 2021 durante las últimas elecciones presidenciales y el mensaje parece ser: 'si no actúas como creo que debes actuar, entonces te voy a generar algún tipo de sanción con la posibilidad de hacer un juicio político'. Esto siempre es peligroso porque los organismos, en general, ya sea el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría, etc; deben actuar en el marco de la Constitución y la ley, ejerciendo sus competencias, y no pensando qué va a considerar el Congreso para que no los sancionen”, advirtió.
¿Qué pasaría si alguno de los seis proyectos logra convertirse en ley? El constitucionalista Erick Urbina sostuvo: “Si el Congreso de la República considera que un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la ONPE o el Reniec no están cumpliendo bien con su deber, podrían simplemente removerlos aunque no haya una justificación jurídica. Eso genera, por un lado, gran inestabilidad porque estaría boicoteándose el propio proceso electoral”.
Propuestas similares
En enero de este año, la Comisión de Constitución del Congreso, ya había recibido otros tres proyectos de ley (N° 3839, 3952 y 3961) enfocados en los organismos electorales. En aquella oportunidad, se planteó recortar el mandato de sus autoridades. Uno de ellos de autoría de la congresista Rosselli Amuruz, quien propuso, por única vez, recortar el mandato de los tres jefes electorales para su culminación en este año y no en el 2024 como está establecido.
El Jurado Nacional de Elecciones remitió su respuesta técnica señalando de manera enfática que “cualquier intento de recortar el mandato o funciones de las autoridades electorales, sin causa o justificación alguna, sin observar el procedimiento establecido por la propia Constitución, constituye un ejercicio arbitrario e inconstitucional del poder y contrario al carácter democrático del Estado”.
¿Están justificadas las reformas sobre juicio político y/o recorte de mandatos a los organismos electorales?, ¿son necesarias las modificaciones de esta naturaleza?
El abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, opina al respecto: “Tal cual está diseñada la conformación del Jurado Nacional de Elecciones no se justificaría el control político. Adicionalmente a ello, en el caso de Onpe y Reniec, nuestro sistema está diseñado para que quien elija a sus titulares no sea un órgano político, ni una entidad política, sino una entidad técnica”, subrayó.
Para Naupari, modificar el artículo 99 de la Constitución sería “abrirle paso a una amenaza al sistema democrático”.
Por otro lado, en paralelo a la presentación de su proyecto de ley de reforma del artículo 99 y de recorte de mandato, la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) denunció, a inicios de junio ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por presuntamente vulnerar la Ley de Contrataciones del Estado y el principio de legalidad, al haber contratado al politólogo Fernando Tuesta como consultor.
En el documento, la congresista Amuruz solicita que a Salas Arenas se le sancione de forma máxima, es decir, que sea inhabilitado en el cargo. Y como se ha explicado, para que esta figura se aplique, se requiere de la reforma del artículo 99 de la Constitución.
Además, la parlamentaria ha declarado en más de una ocasión a medios de comunicación que, al ser Salas Arenas juez supremo, califica entonces para ser sometido a juicio político porque el artículo 99 sí incluye a los representantes de la Corte Suprema.
Esta denuncia se encuentra a la espera de ser resuelta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y podría tomar forma al iniciarse la nueva legislatura del Congreso en julio, y más aún con la venia que aporta la exhortación del Tribunal Constitucional.
Pronunciamiento CIDH
Cabe señalar que en el 2022, cuatro proyectos de ley también buscaron modificar el artículo 99 de la Constitución, y en gestiones de congresos anteriores las motivaciones alrededor de este artículo han estado presentes.
En su visita a Lima, el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova Vianello, dijo a El Poder en tus Manos de RPP Noticias que, a lo largo de la historia republicana de los países, “existe un interés permanente por parte de los poderes políticos de querer controlar a los organismos electorales”.
Córdova agregó que, en su caso, fue denunciado hasta en siete ocasiones y que autoridades de países de la región han sufrido intentos de afectación de su autonomía e independencia por parte de las fuerzas políticas.
Sobre las amenazas contra los organismos electorales de los países, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha pronunciado: “La vulneración de la independencia de los tribunales electorales afecta no sólo a la justicia electoral, sino el ejercicio efectivo de la democracia representativa, el cual es la base del estado de derecho”.
¿Tendrá en cuenta el Congreso estos antecedentes al momento de analizar las propuestas de ley y tomar una decisión? A partir de finales de julio, con el inicio de la nueva legislatura, lo sabremos.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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