¿Qué acciones tomar para que no se repita una tragedia como la de Real Plaza de Trujillo?

Seis muertos y más de 80 heridos es el saldo que dejó la caída parcial del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, en la región La Libertad, la noche del viernes, 21 de febrero.

La tragedia en el norte del país se registró una semana después de que tres personas murieran tras la caída de un ómnibus interprovincial por el colapso del puente Chancay, en Huaral.

Ante la falta de espacios públicos, la asistencia a los centros comerciales se ha convertido en una actividad recreativa de los limeños. De acuerdo con un sondeo de Lima Cómo Vamos, el 77.7 % de capitalinos prefiere acudir a estos establecimientos.

Pero después de lo ocurrido en Trujillo, es comprensible que el público tema por su integridad a la hora de visitar un centro comercial. Entonces, ¿qué medidas de deben implementar para evitar repetir una tragedia similar?

RPP realizó un programa especial de Enfoque de los Sábados, para conversar con cuatro especialistas del sector, quienes dieron sus puntos de vista técnicos sobre el panorama actual, que ha hecho que el centro de la opinión pública se concentre en la importancia de la infraestructura y de las inspecciones técnicas en las edificaciones.

Proponen que los colegios profesionales realicen las supervisiones

El decano del Colegio de Arquitectos de Lima y exregidor metropolitano, Jorge Ruiz de Somocurcio, dijo que lo ocurrido en Real Plaza de Trujillo y en el Puente de Chancay hacen que todas las infraestructuras (edificios, plazas, centros comerciales, etc.) estén “bajo sospecha”, porque hay una percepción de que “las cosas se caen solas”.

El especialista comentó que el Colegio de Arquitectos ha conversado con la Municipalidad de Lima para sugerirle emitir una ordenanza municipal, la cual establezca que a las edificaciones que tienen una alta concentración de público se les pida un nuevo certificado de calidad.

Ruiz de Somocurcio señaló que, si bien los establecimientos tienen un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) que tiene una vigencia de dos años, es vital que este tipo de centros cuenten con una certificación realizada por los colegios profesionales, como el de Arquitectos e Ingenieros.

“Lo que hay que hacer es reforzar esta presencia municipal de los colegios. O sea, el funcionario, el profesional que hace la supervisión no tiene que ser un funcionario municipal. El funcionario es fuera de la municipalidad, que tiene la calidad y que tiene la capacitación y los respaldos del colegio para hacer la supervisión”, añadió.

Insistió en que se debe aplicar esta normativa propuesta, puesto que las municipalidades y las empresas privadas contratan a sus propios inspectores que, en algunos casos, terminan actuando como “juez” y “parte”. También alegó que los municipios “no están capacitados” para supervisar.

“Es un mecanismo perverso, es insuficiente.  Lo que hace es abonar a la negligencia, que es lo que yo creo que ha ocurrido en Trujillo. Entonces, el colegio es un garante, es como un notario y garantiza la dignidad de lo que se está haciendo”, apuntó.

“Y lo que necesita ahora es que el público, la ciudadanía, y lo repito, el caso de Lima, que es el caso que nos atañe a nosotros, reciba un mensaje en el que por lo menos se sepa que ciertas instalaciones… tienen una garantía para poder servir al fin que está propuesto”, precisó.

Piden dejar la “politización” a la hora de realizar las inspecciones

A su turno, la ingeniera Nancy Barrenechea, presidenta de la Comisión de Inspecciones de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú, aseveró que la tercerización de los procesos de supervisión se debe realizar a través de los colegios profesionales.

“Nosotros, como colegios profesionales, somos las entidades que albergamos a los técnicos con temas éticos, con sanciones y cualquier tema que podría dar mejora a cada uno de los inspectores”, aseveró.  

Barrenechea alegó que la seguridad de los establecimientos no puede ser “politizada”, al señalar que usualmente las municipalidades ven las inspecciones técnicas -y las eventuales multas que pueden imponer- como un mecanismo para “levantar sus bonos”.

Para la ingeniera, las labores de supervisión deben estar a cargo de Defensa Civil junto con los colegios afines al sector construcción.

“Los inspectores ITSE civiles [también] tienen que ser incluidos. Y como siempre la prioridad, ante cualquier interés económico está la vida de la ciudad”, complementó.

Exviceministra Añaños sugiere restablecer que los ingenieros estructurales se encarguen de las supervisiones

Por su parte, la arquitecta Elizabeth Añaños, exviceministra de Vivienda y Urbanismo, sostuvo que los acontecimientos en Chancay y Trujillo “no son aislados”, sino que reflejan una falta de planificación y de la gestión de las infraestructuras.

Añaños precisó que antes la normativa obligaba a las municipalidades a contar específicamente con ingenieros estructurales para revisar las edificaciones en la jurisdicción; sin embargo, el reglamento, según mencionó, varió con la vigencia del Decreto Supremo 002-2018-PCM, el cual dice que “cualquier tipo de ingeniero o arquitecto” puede inspeccionar las edificaciones.

Así, consideró que debería revisarse la normativa mencionada porque, a su juicio, es obligatorio que un ingeniero estructural se encargue de la revisión específica, sobre todo de aquellas edificaciones con mayor cobertura.

“Existe una norma, no se cumple. Sí, se flexibilizó en el 2018 y debería ser obligatorio un ingeniero estructural. Pero también hay controles en la estructura del gobierno local, del gobierno central, que no se están cumpliendo. Entonces tiene que haber un trabajo más conjunto”, acotó.

Asimismo, la también exdirectora del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación sostuvo que es clave que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, fiscalice a las municipalidades para determinar si están cumpliendo con las inspecciones y verificaciones de seguridad a las edificaciones de “gran impacto”.

“Esas edificaciones sabemos que un gobierno local no necesariamente tiene las competencias. Entonces, en esas edificaciones, ¿por qué no planificamos y vemos cuáles son estratégica y en dónde se necesita como una revisión adicional?”, sugirió.

IPE pide no descuidar las infraestructuras públicas y sugiere trabajo conjunto para las inspecciones

El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, inició su intervención alertando que, además de los centros comerciales, se debe poner atención al estado de las infraestructuras públicas, como comisarías, hospitales, colegios, entre otras instituciones estatales.

Por ejemplo, mencionó que el 16 % de locales educativos estatales a nivel nacional tiene alguna edificación en riesgo de colapso, de acuerdo con el Censo Escolar de 2024. Se trata de 7 442 colegios que albergan a cerca de 805 000 estudiantes.

“Creo que hay que trabajar para que este tipo de desastres no vuelvan a ocurrir y me preocupa demasiado la situación de la infraestructura en general del sector público. Es que las entidades públicas no pasan por la licencia del ITSE”, indicó.

Además, el economista consideró que los municipios carecen de competencias para otorgar las licencias de funcionamiento a los establecimientos, por lo que coincidió con el decano del Colegio de Arquitectos en su propuesta para que los centros privados y públicos tengan un certificado hecho por los colegios profesionales.

“Yo creo que temas como esto de riesgo y seguridad no deberían estar probablemente descentralizados a nivel de los 2 000 municipios. Creo que esto requiere fortalecimiento, pero pensemos también a qué nivel y quiénes pueden hacerlo”, planteó.

La tragedia en Trujillo ha expuesto las deficiencias en la supervisión de infraestructuras y la urgente necesidad de reformar el sistema de inspecciones en el país.

De acuerdo con los especialistas entrevistados para esta nota, la delegación de certificaciones a colegios profesionales, el fortalecimiento de normativas y una mayor fiscalización por parte del Gobierno son claves para garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar la confianza en los espacios de uso masivo.