Reportaje | Los obstáculos ante las nuevas denuncias por violencia de género en Perú

Solsiret Rodríguez Aybar (24), madre de dos niños, está desaparecida desde el 23 de agosto de 2016 pero, hasta hoy, las autoridades solo sugieren que ella escapó de casa. "Desde el principio he recibido improperios y adjetivos por la condición de mujer de mi hija. Tanto de la Fiscalía como de la Policía. Todos nos han planteado que se fue ‘porque estaba con la cabeza caliente’ o ‘porque no quería criar a sus hijos’", contó Carlos Rodríguez a RPP Noticias.

Recién el pasado 21 de julio, la Fiscalía del Callao derivó el caso de Solsiret a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Lima para una nueva investigación preliminar por presunto feminicidio. Para Carlos y su esposa Rosario Aybar, el principal sospechoso de la desaparición es el conviviente de Sol, Brian Villanueva Castillo, quien fue el último en verla y el primero en informar sobre su supuesta huida. Sin embargo, hasta el momento no existe nada concluyente tras las pocas indagaciones.

La Policía Nacional del Perú en los últimos doce meses registró 1,744 casos de mujeres desaparecidas. Esto quiere decir que cada día cuatro mujeres no vuelven más a casa.

En el informe policial que existe sobre el caso de Solsiret se adjuntó una fotografía de la estudiante en ropa de baño y otra de una amiga suya en un mercado del Callao. Ambas imágenes habían sido compartidas por las jóvenes en Facebook años atrás. “Con esto, nos insinuaron que mi hija se estaría paseando por el norte con una amiga. Se han valido de prejuicios sobre fotos antiguas. ¡Esa es su gran investigación! Por cosas como estas es que muchas mujeres se abstienen de hacer denuncias. Para qué hacerlo si nadie trabaja como debe”, lamentó Rosario Aybar.

La abogada penalista y asociada al Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Cynthia Silva, señaló que la Ley Nº 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, obliga a las autoridades a proteger siempre a la víctima. "Muchas veces, en casos de violencia de género y, especialmente, de desapariciones de mujeres, estamos ante potenciales víctimas de feminicidio. Las autoridades tienen la obligación de protegerlas frente al riesgo concreto que padezcan en los casos que se presenten”.

Más denuncias

El aniversario de la desaparición de Solsiret casi coincide con el de la primera marcha nacional Ni Una Menos. El evento, que se repitió este sábado, es parte de un movimiento social originado en Argentina y que ahora congrega a miles de personas en Latinoamérica para exigir justicia por las víctimas de violencia de género. En Perú, la marcha fue convocada por primera vez luego de que el Poder Judicial liberó a Adriano Pozo y a Ronny García, agresores de Arlette Contreras y Lady Guillén, respectivamente.

Kathe Soto es administradora del grupo de Facebook Buscamos a Solsiret Rodríguez y recuerda el impacto que la campaña causó en Solsiret semanas antes de que desapareciera. "Ella, hace un año, en este momento, estaba recorriendo plazas, mercados, luchando por levantar la campaña Ni Una Menos desde el colectivo de su distrito. También fue entrevistada por algunos medios para convocar a más gente a la marcha y pedir a las mujeres que denuncien síntomas de violencia".

Las cifras de feminicidios y tentativas de feminicidio en el Perú no han variado mucho entre el 2016 y este año. Pero la situación es distinta con las denuncias. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y junio últimos, 34,900 mujeres denunciaron distintos tipos de agresión. La cifra es alta si se compara a los 27,976 casos que atendió el MIMP en el mismo margen de tiempo en el 2016.

La cultura de la violencia

Enma Huamán es una joven de 28 años que sufrió violencia física y psicológica por parte de su primer enamorado. En una de sus frecuentes discusiones, Gabriel le fracturó el brazo en tres partes. Según cuenta, Ni Una Menos la animó a denunciar el maltrato. “Me hablan de Ni Una Menos y yo sonrío. Me callé todo durante los cinco años de relación y tampoco dije nada varios años después de que terminó. Cuando vi cómo muchas mujeres empezaron a compartir sus historias de violencia es que yo recién decido abrirme. Es doloroso, pero también liberador”.

Enma le había hecho creer a su familia y amigos que sus lesiones eran producto de accidentes o caídas. Ya con el tiempo, reconoció que estaba envuelta en una relación altamente peligrosa que pudo haber terminado en crimen. “Hay un momento en el que tú sientes que si esta persona no te hace daño es porque no te quiere. Sé que suena extraño y a mí me sorprende ahora admitirlo. Lo mejor que nos pasó a los dos es que él se fuera de mi vida”.

Para la titular de la Adjuntía por los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Rosa Mavila, el movimiento social de Ni Una Menos logró evidenciar la ineficiencia del Estado para atacar el problema. "Sí ha habido algunos avances, pero no son avances sólidos, estructurales e institucionales. No existe una política de Estado, principalmente en el ámbito preventivo, que ataque los patrones socioculturales que implican la naturalización de la violencia cotidiana terminada en feminicidio”. 

De los 59 feminicidios y 123 tentativas que registró el MIMP entre enero y junio de este año, más del 40% de casos tuvo como responsables al esposo o al conviviente de la víctima. Rossina Guerrero, psicóloga del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), explica que las agresiones de los hombres hacia las mujeres en un contexto de pareja tienen un fuerte ingrediente cultural. 

“Nuestro aparato cognitivo y emocional se construye socialmente. Los estereotipos y los roles que dictan cómo ‘deben’ actuar las mujeres y los hombres forman parte de nuestra mentalidad desde muy pequeños. Así, cuando llegamos a desarrollar una relación amorosa, tenemos muy marcada la idea de que uno tiene que controlar y la otra tiene que dejarse controlar”. Estos patrones, indica, se evidencian también en los prejuicios de las autoridades hacia las víctimas que interponen denuncias.