El precandidato presidencial del Partido Morado señaló que el Gobierno de transición de José Jerí no cuenta con el tiempo suficiente para ejecutar reformas en seguridad ciudadana y sostuvo que la prioridad debe ser derogar las normas que, según afirmó, han fortalecido a la delincuencia.
El precandidato presidencial del Partido Morado, Richard Arce, cuestionó el pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana que el mandatario José Jerí presentó ante el Congreso de la República. Según indicó, el Gobierno de transición no cuenta con el tiempo suficiente para ejecutar tales reformas.
Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV, Arce sostuvo que el jefe del Estado “no se ubica" en la "responsabilidad que tiene en este gobierno de transición", debido a que la delegación de facultades implica un proceso que requiere etapas y plazos.
“He sido congresista y sé que cuando se otorga facultades necesitas de un tiempo prudencial para presentar las propuestas y después el Congreso debe evaluar las leyes para que puedan ser aprobadas y entrar en funcionamiento”, explicó.
En ese sentido, señaló que a pocos meses de las elecciones 2026, resulta "prácticamente inviable" impulsar reformas cuando se requiere atender de manera inmediata "esta espiral de violencia”.
Arce mencionó que el país registra actualmente un promedio de "5.3 asesinatos por día", una cifra que, según dijo, supera al periodo de Dina Boluarte.
Asimismo, criticó la efectividad del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo.
“El estado de emergencia no funciona, no sirve para nada. Le sirve muy bien el outfit, el imitar a [Nayib] Bukele. De repente en un sector de la población le genera cierta simpatía, pero es momentáneo”, comentó.
“Lo objetivo es que estamos viviendo esta espiral de violencia y no se está haciendo nada”, añadió.
Si bien consideró probable que el Congreso apruebe la solicitud del Poder Ejecutivo -dado que Jerí proviene del Legislativo-, recalcó que “objetivamente no va a alcanzar [el tiempo] para resultados [concretos]”.
El precandidato presidencial afirmó que la prioridad del Gobierno debería ser derogar el conjunto de normas que, en su opinión, han fortalecido a la delincuencia.
“Lo más importante, más que solicitar facultades para legislar, es promover la derogatoria del paquete de las leyes procrimen”, expresó.
“Los delincuentes en la calle están caminando con impunidad, porque sienten que el Congreso los respalda, porque sienten que el Estado les ha dado leyes para que ellos puedan seguir asesinando a las personas”, agregó.
Finalmente, entre las normas que considera perjudiciales, mencionó las vinculadas a allanamientos, la ley de extensión de dominio, la llamada ‘ley Soto’ y otras disposiciones que -según señaló- debilitan la labor de la Fiscalía y el Poder Judicial.
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