Las Viviendas de Interés Social están bajo la lupa, luego de que la Contraloría identificara irregularidades en algunos de estos proyectos como la construcción de edificios más altos de lo permitido o la falta de documentos técnicos.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en proyectos inmobiliarios de las denominadas Viviendas de Interés Social (VIS) en 20 distritos de la capital. Estas observaciones responden, entre otros aspectos, a la construcción de grandes edificios por encima de los límites permitidos.
Las Viviendas de Interés Social o VIS son promovidas por el Estado para aquellas familias que no tienen un inmueble y presentan limitaciones económicas para acceder a uno. Estos predios tienen su propio marco legal y, por tanto, reúnen ciertas características como dimensiones o precios específicos.
El exceso de altura permitida es uno de los problemas hallados en estos proyectos. A esto se suma que en algunas municipalidades como Comas y Los Olivos se otorgaron licencias sin exigir la totalidad de estudios técnicos. Así lo detalla Juan Castillo Torrealva, vocero de la Contraloría General de la República.
“No se está verificando la documentación técnica, como los estudios correspondientes a seguridad vial, los estudios correspondientes a la cantidad de agua, de energía que necesitan y eso sí nos puede generar complicaciones a futuro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un departamento, un edificio de 10 pisos a uno de 28, porque uno consume mayor agua y consume mayor cantidad de servicios públicos”, señaló.
Edificios de más de 20 pisos en zonas donde las municipalidades permiten solo 10, pueden generar en el futuro no solo problemas en la planificación urbana, sino también en edificaciones vecinas, como lo indica el ingeniero civil Marck Regalado, experto en tecnología de la construcción.
“Cuando hablamos de edificios de gran altura, también estamos hablando de una gran cantidad de estacionamientos, lo que amerita tener excavaciones profundas para tener tres, cuatro niveles o más de estacionamientos. También podría, si es que no ha sido tomado en cuenta correctamente, podría alterar el comportamiento de la cimentación y de las estructuras vecinas”, mencionó.
El decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima, Enrique Bonilla, señaló que la Ley de la Vivienda de Interés Social, que promueve la construcción de estos proyectos, debería ajustarse o alinearse a las normativas de los gobiernos locales, encargados de dar las licencias de construcción.
“Tal vez la zonificación debería establecer cómo y dónde se debe realizar la vivienda social. Me parece que esa podría ser una solución. Pero creo yo que debe revisarse la norma, porque ya se ha visto que en la práctica está causando algunos inconvenientes. Sobre todo que alteran sustantivamente las condiciones de planificación urbana, ¿no?”, sostuvo.
La Contraloría General de la República también informó que se hallaron departamentos que se estaban vendiendo en más de 300 mil soles, cuando el tope para que una vivienda sea considerada VIS llega a los 136 mil soles.
Asimismo, tras revisar 654 licencias de edificaciones emitidas entre 2024 y 2025 en Lima Metropolitana, 391 no tuvieron verificación técnica que constatara que las obras se ejecutaron de acuerdo con el proyecto aprobado.
“Más del 60% de gobiernos locales no realizan inspecciones a los documentos que presenta la empresa, al área donde va a ser construido, si es que en realidad están cumpliendo con los parámetros o no, y eso genera un vacío en la aprobación de la licencia”, manifestó Juan Castillo Torrealva.
Estos hallazgos de la Contraloría evidencian fallas en el control de las Viviendas de Interés Social. Resulta urgente revisar la normativa y fortalecer la supervisión municipal para evitar riesgos urbanos y garantizar que estos proyectos cumplan realmente con su propósito de superar las brechas de vivienda en el país.
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