El presidente de la JNJ indicó que en el Parlamento hay un grupo de legisladores que "no se dan cuenta" de lo que significa institucionalidad y que están en contra de que la Junta Nacional de Justicia resuelva procedimientos administrativos disciplinarios en defensa de los poderes del Estado.
Antonio De La Haza, presidente de la Junta Nacional de Justicia, cuestionó este jueves el dictamen que aprobó la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento que propone eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), además de que la designación y remoción de los jefes de los organismos electorales sea realizada por el futuro Senado de la República.
En declaraciones a Las cosas como son de RPP, De La Haza manifestó que dicha iniciativa no fortalece ni mejora el sistema de administración de justicia y tampoco promueve el fortalecimiento e integridad que debería buscar toda norma que busca reformar la administración de justicia.
“Debo de manifestar que no fortalece ni mejora el sistema de administración de justicia ni tampoco promueve el fortalecimiento y la integridad que son los elementos que se deben de estar buscando, como toda norma que busca una reforma de la administración de justicia”, dijo.
“Proponer un cambio a nivel constitucional, de una Constitución última de 1993, cuyo modelo consideramos nosotros que es ideal y responde a lo que debe ser un Estado constitucional de derecho, mal haría en aprobarse, porque no se ve, no se aprecia que tenga razones fundamentales para decir que es lo más apropiado para el país, si no los cuestionamientos, desde el punto de vista formal y de fondo como lo he manifestado, estimo que son relevantes para que este proyecto no sea aprobado por el pleno del Congreso”, añadió.
Crítica a grupo de legisladores
De La Haza manifestó también que en el Parlamento hay un grupo de legisladores que “no se dan cuenta” de lo que significa la institucionalidad y que han priorizado sus intereses personales al manejo institucional de la administración de justicia en el país.
“No se han dado cuenta de lo que significa vivir en un Estado democrático de derecho de la independencia de los poderes del Estado y que, dentro de estos poderes del Estado, no solamente el Poder Legislativo y el Poder Judicial, sino que existen organismos ejecutores que son los encargados de hacer este juego de pesos y contrapesos, es lo que se podría conocer como el gobierno de los jueces, son los jueces también que administran este poder dentro de lo que es un Estado constitucional de derecho”, señaló.
Dijo, en ese sentido, que a estos legisladores “no les ha agradado” la forma en la que la Junta Nacional de Justicia resuelve los procedimientos administrativos disciplinarios, en defensa de la independencia de los poderes del Estado.
Sobre rol de la JNJ
El magistrado señaló también que la Junta Nacional de Justicia sí ha cumplido con el objetivo para el cual fue creado por medio del referéndum de 2018. Explicó que, si bien no ha cumplido los 5 años de existencia, este organismo constitucional autónomo se dedica al nombramiento de jueces y fiscales previa aprobación de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
En esa línea, dijo que actualmente están llevando adelante un concurso público para designar a 490 magistrados, para la cual ya hay una partida establecida por parte del Ejecutivo, algo que consideró como una razón para que se rechace el dictamen.
Además, el titular de la JNJ indicó que también están cumpliendo con realizar los procedimientos disciplinarios, pese a que no cuentan con la totalidad de sus miembros, por la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez.
“Esa es una de las razones que nosotros estimamos por las que no hay razón para poder observar la labor de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia quiere cumplir su mandato, con los cinco miembros que tiene a la fecha estimamos que sí podemos cumplir con el mandato constitucional”, sostuvo el presidente de la JNJ.
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