por Redacción RPP
·El Tribunal Constitucional ordenó dejar "sin efecto" la acusación fiscal contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles tras determinar que se ha vulnerado el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia.
El abogado Carlos Caro, especialista en lavado de activos, explicó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso Cócteles, en la que se ordena dejar sin efecto la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, Caro señaló que uno de los aspectos clave de la decisión del TC está relacionado con la aplicación temporal de la ley penal, la cual —subrayó— solo rige desde su entrada en vigor hacia adelante, y nunca con efecto retroactivo.
El abogado precisó que los hechos imputados a Keiko Fujimori corresponden a las campañas electorales de 2011 y hasta junio de 2016. Sin embargo, la figura penal de “receptación” —una modalidad del delito de lavado de activos que consiste en recibir, custodiar o utilizar dinero de origen ilícito— fue incorporada recién en noviembre de 2016, mediante el Decreto Legislativo 1249.
En ese sentido, al no poder aplicarse retroactivamente esta norma, el Tribunal Constitucional concluyó que debía anular las imputaciones formuladas en el caso Cócteles.
Carlos Caro también sostuvo que el TC consideró que el proceso judicial ha vulnerado el principio del “plazo razonable”, al haberse prolongado por casi una década.
“Por ello, el tribunal insta al juez de investigación preparatoria a tomar una decisión definitiva sobre el caso”, enfatizó.
Además, el abogado indicó que el TC no solo anuló la acusación fiscal por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, sino también desestimó la imputación presentada por el Ministerio Público en julio de 2025, al considerarla atípica.
El caso Cócteles se inició contra Keiko Fujimori y otros dirigentes del partido Fuerza Popular por la presunta financiación ilegal de sus campañas electorales de 2011 y 2016, mediante aportes de empresas privadas que habrían sido encubiertos a través del método conocido como “pitufeo”, con el fin de dar apariencia de legalidad al dinero recibido.
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