Las ejecuciones en la Base Contrasubversiva de Madre Mía (San Martín), caso en el que estaba implicado el capitán del Ejército en retiro Ollanta Humala, actual presidente de la República, fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La demanda exige al Estado peruano reabrir el caso, que fue archivado por falta de pruebas en el 2009, dos años antes de que Humala Tasso llegara al poder.

Según documentos obtenidos por la agencia Reuters, la demanda fue presentada por la familia de dos personas desaparecidas en 1992, argumentando que el caso no se investigó debidamente.

Se trata de un documento de 21 páginas y 81 artículos enviado en los primeros meses del 2010, que recoge detalles sobre el secuestro de los esposos Natividad Ávila y Benigno Sullca, y los testimonios de tres testigos de la hermana de una de las víctimas, Teresa Ávila.

Funcionarios de la CIDH se excusaron de responder si habían recibido el escrito, alegando normas de confidencialidad. No obstante, la agencia refiere que tres fuentes relacionadas con la causa confirmaron su recepción.

Reuters añade que la demanda fue suscrita por Ronald Gamarra como abogado y director de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.