| Fuente: EsSalud

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Nos gusten o no, es nuestro deber cumplir las medidas de inmovilización social anunciadas por el presidente de la República. El gobierno ha reconocido que estamos viviendo un rebrote de la pandemia que lo ha obligado a restablecer el confinamiento de todos durante los domingos. También se han adoptado restricciones para los menores, que en adelante solo podrán salir durante treinta minutos en las inmediaciones de sus viviendas. Otra restricción se refiere a las reuniones sociales y familiares, consideradas un factor que ha contribuido al aumento de las cifras de contagio. Estas restricciones dan lugar a excepciones y en consecuencia, nuevamente, los que ejercen oficios y actividades esenciales deberán contar con autorizaciones de tránsito.

Las medidas han provocado críticas con argumentos de diverso tipo: 1) Los que consideran que el confinamiento conduce a mayores aglomeraciones porque se dispone de menos tiempo para compras y otras gestiones necesarias. 2) Los que sostienen que se trata de restricciones a las libertades que podrían ser evitadas con campañas más eficaces de difusión y pedagogía ciudadana. Una variante de este argumento es el rechazo al poder reforzado de policías y militares para intervenir en el espacio privado de las familias. 3) Los que juzgan que las restricciones perjudican la reactivación de empresas que estaban comenzando a reponerse de las graves consecuencias económicas de la paralización. 4) Los que deploran que el gobierno opte por medidas represivas en vez de intensificar campañas como la Operación Taita, destinadas a practicar pruebas, rastrear los contactos de los infectados y aislar a los sospechosos.

En cualquier caso, las medidas forman parte de una forma de sinceramiento: contra nuestras esperanzas, las cifras epidemiológicas siguen en alza. Es cierto que lo mismo sucede en países como Chile y Colombia, aunque quizás no por las mismas razones. Puesto que vivimos al borde de la saturación de los servicios de hospitales, no tenemos más alternativa que aceptar las medidas aprobadas por el Consejo de ministros. Hacerlo es nuestra contribución al esfuerzo nacional contra un enemigo que nos amenaza a todos.

Mientras tanto, hoy tendremos mayores indicaciones sobre el desempeño del Congreso. El ministro de Educación deberá responder 33 preguntas que le han sido sometidas en un pliego interpelatorio. La mayor parte de ellas ya han sido contestadas por Martín Benavides en la comisión de Educación y se refieren a universidades que fueron licencidas cuando el ministro era el Jefe de la SUNEDU. Es posible que haya congresistas que de buena fe crean que Benavides cedió a la presión de intereses privados.

Pero es mucho más probable pensar que hay congresistas que quieren intimidar autoridades que actuaron para mejorar la calidad de nuestra educación. Sabemos muy bien que algunas universidades con licencia denegada eran de pésima calidad y constituían una burla a la expectativa de sus estudiantes. Todas tuvieron tiempo para hacer un esfuerzo y adecuarse a exigencias razonables. Sería lamentable concluir que hay congresistas que ejercen un “chantaje” o toman represalias contra funcionarios que no han hecho sino cumplir con su deber.

Y a propósito de delincuencia, debemos destacar que la Policía y la Marina de Guerra detuvieron ayer en el lago Yarinacocha una embarcación cargada con una tonelada y media de gasolina e insumos químicos usados para la producción de cocaína. El tráfico de drogas tiene la capacidad de corromper todo, nuestros dirigentes y nuestras instituciones, comenzando por las judiciales. Quizás por eso, la procuradora Sonia Medina alerta sobre el pedido hecho por el cuestionado fiscal Víctor Rodríguez Montesa de anular el juicio a Fernando Zevallos, alias Lunarejo, condenado por tráfico de drogas a 27 años de cárcel.

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