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por Redacción RPP
·En Ampliación de Noticias, el abogado recordó que, pese a las denuncias, son pocos los casos que han sido sancionados en el Parlamento por el recorte de sueldos a trabajadores.
El abogado penalista Andy Carrión consideró que, ante los casos de congresistas que recortan el sueldo a trabajadores de sus despachos, ha existido mucho blindaje por parte del Legislativo para evitar sancionar a los señalados, pese a las pruebas y acusaciones de los propios trabajadores afectados.
En Ampliación de Noticias, recordó que son pocos los hechos que han sido sancionados en el Parlamento por ‘mochasueldos’, a pesar de que la Fiscalía, por su lado, ya ha conducido allanamientos, el más reciente contra las viviendas y oficinas del congresista Raúl Doroteo.
“Durante los últimos tiempos ha habido mucho blindaje en el Congreso de la República. Son muy pocos los casos que han pasado a una inhabilitación o destitución, uno de los casos más paradigmáticos fue el de María Cordero Jon Tay, pero no porque no haya ánimo de blindarla, sino porque ya los hechos eran muy escandalosos”, manifestó.
Carrión recordó que Cordero obligó a sus trabajadores a retirar dinero de cajeros automáticos para entregárselo, un hecho que calificó como "escandaloso" y que acabó por motivar al Legislativo a su posterior inhabilitación y suspensión por 120 días.
Trabas en el Legislativo
Sin embargo, pese a la existencia de denuncias similares, consideró que existe un “círculo vicioso” para la investigación a los congresistas envueltos en estos casos, ya que la Fiscalía debe formular la acusación ante el propio Legislativo.
“Si se formula la acusación, esa la tiene que realizar ante el Congreso y nuevamente, quien decide si se habilita o se pasa o no a una siguiente etapa, es el Congreso, que puede en ocasiones no aprobar esa acusación y todo quedar ahí. Entonces, ese es el círculo vicioso que tendríamos de alguna manera que superar”, aseguró.
Por otro lado, apuntó que estos casos cuentan con una forma de operar casi definida, en donde se solicita el dinero a los trabajadores de manera directa o indirecta, y que esto se remonta al caso que involucra al excongresista de Fuerza Popular, Michael Urtecho, sentenciado a 22 años y 5 meses por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.
“Aquí tenemos un modus operandi muy claro que viene desde Michael Urtecho y que entiendo que tampoco va a ser el último caso, porque yo creo que, con base en lo que se presenta día a día, podríamos hasta decir que es una práctica casi generalizada”, dijo.
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Lo que más daño nos puede hacer es que las hipótesis no se confirmen y que prosperen las interpretaciones según las cuales todo se reduciría a un conflicto entre facciones opuestas al interior de la Fiscalía.
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