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El presidente del Congreso no pagó 10 mil soles de reparación civil tras perder un juicio por difamación, pese a que en su declaración jurada había señalado lo contrario.
Alejandro Soto, actual presidente del Congreso, presentó una declaración jurada en la que afirmó no tener ninguna deuda por concepto de reparación civil; sin embargo, de acuerdo con un informe del dominical Panorama, el parlamentario de Alianza Para el Progreso faltó a la verdad.
El reportaje señala que el hoy legislador perdió un juicio por difamación en 2013. El proceso se dio luego de que Soto responsabilizara al comandante Nilo Chávez Luna, entonces comisario de una localidad de Cusco, por la muerte de un joven durante un enfrentamiento entre barristas y efectivos policiales.
Chávez Luna de inmediato denunció por difamación a Alejandro Soto Reyes. En 2013, La Sala Penal de Apelaciones en Cusco falló en favor del comandante PNP y obligó al actual presidente del Congreso pagarle 10 mil soles como concepto de reparación civil.
Soto puso una medida cautelar para dilatar el pago que le ordenaba el Poder Judicial; sin embargo, en 2016, el Quinto Juzgado Civil del Cusco dejó sin efecto ese recurso, por lo que el hoy congresista debía cancelar la reparación.
Soto pagó reparación luego de asumir el cargo
El actual titular del Parlamento logró su curul tras postular en 2021 y en junio de ese año, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco remitió un documento al Jurado Electoral Especial cusqueño en la que daba cuenta de la deuda y le requería el pago total en 10 días.
Soto, luego de haber asumido el cargo de legislador, de inmediato realizó el pago de la reparación civil. Al respecto, el Jurado Electoral Especial de Cusco emitió un oficio señalando no tener la necesidad un pronunciamiento oficial por lo sucedido.
Panorama señala que el caso es relevante porque una persona que presenta deudas por reparación civil no puede postular al Parlamento y según esta información, Alejandro Soto mintió en su declaración jurada para acceder a una curul.
Niega tener deudas
El Congreso de la República, a tráves de sus redes sociales, reiteró que Alejandro Soto no registra deuda alguna en el sistema REDERECI.
También señalan que en el año 2020, al momento del registro de la postulación como congresista, no tenía deuda alguna que constituyera impedimento para su postulación.
Por último, indican que toda la documentación sobre la postulación fue revisada por los organismos electorales, no habiendo observación alguna al respecto, con lo que se ratificó que no tenía impedimento para ejercer el cargo.
En el año 2020, al momento del registro de la postulación como congresista de la República, no tenía deuda alguna que constituyera impedimento para su postulación. pic.twitter.com/6kkl28v49o
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 13, 2023
Se acogió a ley de prescripción
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, sí se habría acogido a la ley de prescripción para librarse de un proceso judicial que afronta en el Cusco por estafa. Esto pese a que él lo negó ante la prensa.
RPP Noticias tuvo acceso a un documento emitido el pasado 14 de julio de este año. El congresista debía enfrentar un pedido fiscal de ocho años y ocho meses de prisión por la denuncia que le interpuso la empresa Waynapicchu; sin embargo, su abogado Walter Pimentel Peralta presentó ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco una solicitud de excepción de prescripción, esto para lograr que su cliente quede absuelto de todo.
"Señor Magistrado, se debe tomar en consideración y tomar en aplicación la retroactividad benigna de la ley penal, dado que la Ley N° 31751 implementó modificaciones de naturaleza material, lo cual es plenamente aplicable retroactivamente a los procesos en trámite por ser más beneficioso", se lee en el documento entregado por el abogado de Alejandro Soto.
Esta norma fue aprobada en el Parlamento el pasado 11 de mayo, con voto del propio Soto. La ley modifica el código procesal penal respecto de los plazos de suspensión de la prescripción de delitos, lo que plantea un plazo determinado de vencimiento.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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