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por Paloma Verano
·De los 130 parlamentarios, 82 consignan carpetas fiscales, entre denuncias e investigaciones. RPP Data identificó, mediante la Ley de Transparencia, a los legisladores con más carpetas. ¿Puede esto representar un potencial conflicto de interés al momento de legislar? Hablan los especialistas.
No solo el presidente del Congreso, Alejandro Soto, registra denuncias en la Fiscalía de la Nación. De los 130 congresistas de la República, 82 tienen investigaciones fiscales abiertas en proceso en el Ministerio Público, según información a la que accedió RPP Data a través de la Ley de Transparencia. Esto representa aproximadamente al 63% del total de legisladores.
El legislador con más investigaciones es Luis Picón, de Podemos Perú, anteriormente expulsado de Alianza para el Progreso. Picón tiene 107 carpetas fiscales, varias de ellas por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, entre otros. Además, según la data oficial brindada por el Ministerio Público, ha sido sentenciado en el distrito fiscal de Huánuco por abuso de autoridad y delitos contra los bienes culturales en el 2017 y 2021, respectivamente. Intentamos comunicarnos con el congresista para solicitar sus descargos; sin embargo, no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.
Lima
Tener congresistas con denuncias en la Fiscalía significa un gran riesgo para la ciudadanía, opinan especialistas.
El segundo de la lista es el mencionado presidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso. Soto registra 53 denuncias en la Fiscalía desde el 2001; sin embargo, ha negado públicamente tener investigaciones pendientes a pesar de la información brindada por el Ministerio Público.
El parlamentario Edwin Martínez (Acción Popular) es el tercero en la lista, con 22 carpetas fiscales. De estas, dos son sentencias, una por abuso de autoridad y otra por delitos de peligro común, ambas del 2019. En conversación con RPP Data, el congresista explicó que la primera ocurrió cuando fue alcalde del distrito de Mariano Melgar (Arequipa) por el nombramiento irregular de un trabajador. Sin embargo, se defendió diciendo que "desconocía de esta contratación".
La segunda sentencia, según indicó, ocurrió por manejar sin permiso de lunas polarizadas y sobre las demás denuncias señaló que todas han sido de parte de sus adversarios políticos.
Le sigue en la lista Enrique Wong, congresista no agrupado y actualmente suspendido por infringir el Código de Ética Parlamentaria. Wong consigna 17 carpetas fiscales por presuntos delitos como malversación de bienes públicos, abuso de autoridad, falsedad ideológica, entre otros. El congresista negó tener carpetas en la Fiscalía a RPP. En tanto, José Luna, de Podemos Perú, tiene 11 denuncias en la Fiscalía por presuntos delitos como tráfico de influencias y estafa. Intentamos comunicarnos con él, pero no obtuvimos respuesta.
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Posibles conflictos de interés al legislar
Tener congresistas investigados en el Ministerio Público no solo es riesgoso a nivel de representación o de ética parlamentaria, sino que -según los especialistas consultados por RPP Data- también puede ser perjudicial para los proyectos de ley que busquen luchar contra la corrupción.
"El primer riesgo es para la ciudadanía porque ve perjudicado el derecho que tiene a la representación. Algunos de estos congresistas podrían ser sentenciados, como se ha visto en otras oportunidades, y el ciudadano quedaría huérfano en la representación", explica Eduardo Herrera, director Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción.
El segundo riesgo, agrega, está en los conflictos de interés que pueden aparecer al legislar sobre normas decisivas en la lucha contra la corrupción. Estos podrían ser, por ejemplo, la modificación al proceso de colaboración eficaz, complementa Alejandro Boyco, analista del Observatorio Regional 50+1.
"Se ha visto cómo el Congreso ha buscado debilitar el mecanismo de la colaboración eficaz, que en los últimos años sirvió para avanzar de manera eficiente en algunos procesos judiciales que vinculaban a actores políticos que, en algún momento, tuvieron mucho poder", señala.
Incluso, esto también está motivado por los propios líderes de los partidos políticos, indica Boyco, ya que en muchos casos son personas investigadas o acusadas por procesos judiciales. "Tienen todos los incentivos para llegar al Congreso con sus partidos y que sus congresistas promuevan leyes que generen este blindaje o los protejan en el futuro".
Generar mecanismos de rendición de cuentas
El tener un congreso fragmentado y polarizado genera la necesidad de blindar a quienes son cuestionados, en vez de exigir idoneidad en el cargo, añade Boyco. "En este Congreso hay una cultura de blindaje colectiva que no se ha visto antes. Al existir 'bandos' en lugar de bancadas lo que se genera son incentivos para proteger a los tuyos y atacar al resto sin tomar en cuenta normas de idoneidad".
Ante esto, ¿qué nos queda por hacer? El especialista en asuntos parlamentarios Martín Cabrera propone dos alternativas. La primera es la renovación por tercios; es decir, que cada dos o tres años se renueve a un grupo de congresistas. "Esto haría posible que el legislador se ocupe de cumplir lo que ofreció. [De esa forma] cuando el elector no se sienta identificado con él, lo castigará en la elección inmediata cuando corresponda renovar el parlamento", explica.
La segunda es la modificación del reglamento para que las sanciones a congresistas que cometan hechos irregulares sean mayor a los 120 días. Sobre ello, Eduardo Herrera, representante del Consejo Privado Anticorrupción, propone además tener una Comisión de Ética independiente, como tienen en la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.
"La independencia es la única que va a generar una lucha contra la corrupción de verdad y no un tapado o complicidad como está sucediendo ahora", finaliza.
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Paloma Verano Periodista de RPP Data
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