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Con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, se aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la jefa de Estado por presunto delito contra la administración pública.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó este viernes el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rólex.
De esta manera, con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, se ratificó la decisión que tomó la SAC el 11 de abril pasado, cuando aprobó el referido informe final que concluye que "es constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio declarar el archivo por no proceder formular acusación contra la presidenta, la señora Dina Boluarte, de conformidad al artículo 117 de la Constitución".
Los votos a favor fueron de Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Luis Alegría, Martha Moyano, César Revilla, Héctor Ventura; todos ellos de la bancada de Fuerza Popular. Por Alianza para el Progreso (APP): Alejandro Soto, María Acuña y Lady Camones; por Acción Popular: Silvia Monteza y Wilson Soto; por Somos Perú: José Jeri y Héctor Valer; y el voto de José Cueto de Honor y Democracia.
En contra votaron los congresistas de Podemos, José Luna, Digna Calle y Ariana Orué; de Perú Libre, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz; de Renovación Popular, Patricia Chirinos; de la Bancada Socialista, Alex Flores; y de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Víctor Cutipa. El colega de bancada de este último, Jorge Coayla, votó en abstención.
Cabe indicar que, durante la sustentación del referido informe final en la SAC, la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular), encargada de esa tarea, señaló que "examinados los hechos y el marco jurídico vigente", corresponde a la subcomisión "declarar la improcedencia de la acusación [...], todas vez que los hechos atribuidos no se encuentran previstos en el artículo 117 de la Constitución, y la denunciada ejerce actualmente la Presidencia".
"Dicho artículo establece, en forma restrictiva, los únicos casos en que un presidente en funciones puede ser acusado y la imputación planteada en el presente caso no se ajusta a ninguno de ellos. Proceder con la presente acusación supondría vulnerar el principio de legalidad y desconocer una limitación expresa de la Constitución", expresó la parlamentaria fujimorista.
"La controversia en un mandato constitucional expreso como el del artículo 117 de la Constitución o su uso forzado como en el del caso de esta denuncia constitucional, desnaturalizaría su finalidad jurídica y puede interpretarse como un acto político y no jurídico. En ese marco, el archivo de la denuncia es la única opción compatible con el orden constitucional y la legalidad vigente", agregó.
Asimismo, Chacón Trujillo indicó que "permitir que prospere una acusación en estas circunstancias equivaldría a extender indebidamente las facultades del Ministerio Público y del control parlamentario afectando la separación de poderes".
"Es una vergüenza que los congresistas hayan votado a favor del archivo"
Tras la sesión, el congresista Alex Flores (Bancada Socialista) consideró que la decisión de mandar al archivo la denuncia contra la mandataria responde a que existe "un pacto de corrupción".
"Yo creo que esto es parte de la impunidad y es una vergüenza que los colegas congresistas hayan votado a favor del archivo. Nosotros hemos votado, por supuesto, en contra de esto. Esto demuestra que aquí hay un pacto corrupto, porque hay que decirlo así, entre la coalición que controla el Congreso la República y el Gobierno, porque hay un blindaje sin razón", indicó.
"Probablemente, el caso de los relojes Rolex y de las joyas sea uno de los casos más grandes de corrupción que tiene este Gobierno, de tal manera [que], mandarlo al archivo solamente demuestra que aquí hay un pacto de corrupción", resaltó.
Por su parte, su colega de bancada, Jaime Quito, consideró que hay un "acuerdo previo" entre las bancadas mayoritarias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Ejecutivo.
"Esto es una expresión de blindaje, de protección que existe en el Congreso, de que también hay un acuerdo previo entre la mayoría congresal, sobre todo los que tienen el control de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con Dina Boluarte", señaló.
"Pero este mismo Congreso, cuando estaba Pedro Castillo con la acusación constitucional que vino de Patricia Benavides, tomando los acuerdos o los convenios internacionales de la lucha contra la corrupción, procedieron con la acusación constitucional y aquí ahora nos dicen que no se puede hacer eso. Un doble rasero", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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