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por Sebastián Acosta
·La mandataria indicó que está enfocada en trabajar para hacer frente a la criminalidad en el país, pese a que la Fiscalía de la Nación ha presentado cinco denuncias constitucionales en su contra.
La presidenta Dina Boluarte se pronunció este jueves respecto de las cinco denuncias constitucionales presentadas en su contra por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso y señaló que estas no la distraen.
En declaraciones a la prensa desde Palacio de Gobierno, la mandataria indicó que su Gobierno continuará en la lucha contra la criminalidad “con la frente en alto, las manos limpias y sin corrupción”. Se refirió, en ese sentido, a las denuncias de la Fiscalía de la Nación y sostuvo que permanecerá en el cargo hasta 2026.
“Aquellas denuncias al por mayor presentadas ante el Congreso no nos distraen, de eso se encarga mi abogado, yo estoy acá firme y fuerte, con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con el pueblo peruano para hacer más grande nuestra querida patria”, dijo.
Boluarte indicó también que su gestión hace frente a la minería ilegal y a la violencia criminal “hasta quemar el último cartucho”. Añadió que trabajan para “recuperar la tranquilidad y el orden interno” en el país.
Denuncias constitucionales contra Dina Boluarte
La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso cinco denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en menos de 48 horas.
El organismo público interpuso este viernes tres de ellas, vinculadas a los siguientes casos: las cirugías estéticas a las que se sometió en junio de 2023 (presuntos delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo); la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, en el vehículo presidencial en febrero de 2024 (supuesta comisión del delito de encubrimiento personal); y los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos.
Un día antes, el jueves, la Fiscalía informó que formuló otras dos denuncias: por el caso Qali Warma (presunto delito de colusión agravada) y el otro por las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Puno, Cusco, así como en la provincia de Lima (presuntos delitos de lesiones leves y graves).
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