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por Redacción RPP
·Edward Málaga Trillo, Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Arturo Zeballos y Diego Bazán son acusados del presunto delito de peculado doloso, mientras que Rosangela Barbarán fue denunciada por el mismo hecho, pero en grado de tentativa.
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú), María del Carmen Alva (no agrupado), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Edward Málaga Trillo (Avanza País - Partido de Integración Social), Arturo Zeballos (Renovación Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular) por el presunto delito de peculado doloso.
El organismo público indicó que ese grupo de parlamentarios viajó el 11 de febrero de 2023 a Trujillo (región de La Libertad), con boletos que habrían sido costeados por el Parlamento, para participar en la celebración del onomástico del legislador Bazán Calderón.
En un comunicado, detalló que esta denuncia comprende también a Rosangela Barbarán (Fuerza Popular) como presunta autora del delito de peculado doloso en grado de tentativa. De acuerdo con la Fiscalía, la legisladora fujimorista intentó viajar a la mencionada ciudad norteña para el cumpleaños de Bazán.
“Habría gestionado la emisión de su boleto aéreo costeado por el Congreso, pero por 'motivos personales' no viajó”, señaló.
Caso Luciana León
En vísperas, la Fiscalía de la Nación presentó otra denuncia constitucional, pero esta vez en contra de la excongresista Luciana León por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
Indicó que León Romero, en su condición de parlamentaria, habría ofrecido interceder ante funcionarios de diversas entidades públicas e integrantes del Partido Aprista Peruano a cambio de una promesa de beneficio económico a su favor entre el 2018 y 2019.
Como se recuerda, Luciana León es investigada por el Ministerio Público por una supuesta vinculación con la organización criminal 'Los intocables ediles de La Victoria'.
Este caso estalló en el agosto del 2018 cuando personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Elías Cuba, entonces alcalde de La Victoria, y otros funcionarios de esta comuna por ser parte de una red dedicada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes de ese distrito limeño.
'Los intocables ediles' ganaba, según las indagaciones, más de 26 millones de soles anuales por cobros ilegales de parqueo vehicular y recojo de residuos sólidos (SISA), el cual se realizaba a más de 8 000 comerciantes ambulantes que trabajaban en la vía pública.
El caso escaló a nivel político cuando se incluyó a Luciana León al ser sindicada como el brazo político – legal de esta presunta mafia para la que habría gestionado la sobrevaloración de obras y servicios públicos en el distrito limeño de La Victoria para obtener ingresos ilícitos.
Según el Ministerio Público, la excongresista aprista habría recibido por esta labor sumas de entre 15 000 a 30 000 soles mensuales entre los años 2017 y 2018.
También se le atribuye el presuntamente haber intercedido ante los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento para agilizar obras municipales en La Victoria, entre otros hechos.
En enero de 2020, el Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país para Luciana León a raíz de este caso. En julio de 2024, el juez supremo Juan Carlos Checkley levantó esta medida restrictiva.
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