Fuerza Popular propone prohibir detención preliminar para policías que causen "lesión o muerte" en el ejercicio de sus funciones

El día de ayer, viernes, congresistas de la bancada de Fuerza Popular presentaron un proyecto de ley que plantea que quede "prohibido" para fiscales y jueces "solicitar y dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva (...), bajo responsabilidad funcional", contra policías que causen "lesión o muerte" en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa legislativa tiene como autor al parlamentario fujimorista Víctor Flores Ruíz, y fue suscrita por otros seis congresistas de dicha bancada: Fernando Rospigliosi, Arturo Alegría, Héctor Ventura, Eduardo Castillo, Nilza Chacón y Mery Infantes. 

Dicha iniciativa propone modificar dos artículos del Código Procesal Penal e incorporar otros dos "para impedir que el fiscal solicite detención preliminar y prisión preventiva contra el personal de la Policía en situación de actividad en cuadros que, en cumplimiento de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria; y, como consecuencia, acontezca alguna lesión o muerte". 

¿Qué plantea el proyecto de ley y cuáles son sus fundamentos?

Según indica el proyecto, su finalidad es "cautelar los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene el personal de la PNP que, en el ejercicio de su finalidad constitucional, acontezca alguna lesión o muerte, al hacer uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria".

"La libertad de acción para el logro de los fines constitucionales del personal de la Policía Nacional del Perú es primordial y no puede continuar limitado por las consecuencias jurídicas que pueden acarrear: la Detención Preliminar y la Prisión Preventiva", resalta la iniciativa.

En ese sentido, indica que, si el personal policial "actúa con firmeza, proporcionalidad y logra cumplir su finalidad constitucional y ocurre alguna lesión leve o mortal a su adversario", se le apertura un proceso judicial "que termina quebrantando su presunción de inocencia" con la detención preliminar o prisión preventiva.

En base a ello, indica que estos procesos jurídicos pueden "generar una reacción de reserva" o "un titubeo" al momento de ejecutar las operaciones policiales, lo cual podría "conllevar al fracaso" de los fines constitucionales de la PNP.

"Por lo tanto, existe la necesidad de salvaguardar al personal de la (PNP) para que tenga la actitud, la concentración y amplitud de acción para ejercer sus funciones constitucionales cuando hace uso de sus armas o medios de defensa de forma reglamentaria, limitando las facultades de acción del Fiscal, impidiéndolo que solicite la restricción de la libertad personal mediante una medida de coerción de detención preliminar o prisión preventiva, sin que se haya determinado su responsabilidad penal a través de una sentencia condenatoria", subraya el proyecto. 

En otro momento, indica que es "menester eliminar cualquier barrera" que pueda tener la Policía "para que tengan la libertad de ejercer sus funciones constitucionales, sin temer las futuras represalias que puedan venir en su contra: la detención preliminar y la prisión preventiva". Es decir, en caso sean procesados por lesión o muerte producto de sus funciones, deberán "permanecer en libertad hasta que el proceso penal correspondiente determine, por intermedio de una sentencia condenatoria, su internamiento o no en un instituto penitenciario".

Otro de los beneficios aludidos por el congresista Flores para justificar su proyecto es que se contribuye "con el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios en el país", y así "habrá mayor personal policial en las calles, ya que no serán encarcelados hasta que se les imponga una sentencia condenatoria". 

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"Es un proyecto de ley inconstitucional"

Respecto al proyecto legislativo, RPP conversó con Juan José Quispe, abogado penalista, quien consideró que se trata de una iniciativa "inconstitucional", pues estaría yendo contra las prerrogativas del Ministerio Público y el Poder Judicial.

"Lo que más me llama la atención es la parte donde dice que queda prohibido que el fiscal y el juez soliciten y emitan detención preliminar y prisión preventiva bajo responsabilidad funcional (...) Primero, va contra la autonomía del Ministerio Público; segundo, que atenta contra la autonomía del Poder Judicial. Tercero, prácticamente amarra las manos al sistema de justicia ante un policía que, bajo el pretexto de lucha contra la criminalidad, va a cometer delitos como homicidio calificado o lesiones graves en el ejercicio de su función", indicó. 

"Limita al magistrado a siquiera hacer una interpretación convencional de estas leyes. No lo va a poder hacer porque estaría amarrado de manos, no puede imponer y el fiscal no lo puede pedir porque, si bien es cierto se deben acatar las normas y tratados internacionales y las sentencias de la Corte-IDH, acá lo que están diciendo es que van a abrir procedimiento administrativo y disciplinario que puede llegar hasta su destitución", agregó. 

Asimismo, el abogado resaltó que en el proyecto "no hay ni una sola letra respecto a los tratados y convenios internacionales a los que el Perú está adscrito como consecuencia de ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Solo se hace alusión a la Constitución, al Código Penal, al Código Procesal Penal".

"Esta norma es inconstitucional porque, si bien es cierto, la Policía tiene fines constitucionales, también los tiene el Ministerio Público, el Poder Judicial, y no puede tenerse un privilegio a la Policía bajo el pretexto de que por garantizar el orden público maten personas y sigan trabajando como si nada. Sabemos cuánto tiempo demoran los procesos en el sistema de justicia, y solo cuando ya se ha condenado se le va a internar en un establecimiento penal", resaltó. 

Asimismo, el jurista resaltó que en el proyecto tampoco se indica "qué porcentaje o cuántos policías (…) a nivel nacional se encuentran procesados o tienen prisión preventiva".

"Tampoco se ha tomado en cuenta la ponderación de derechos constitucionales. El fin supremo del Estado es preservar la vida de las personas (…), y si acá se va a lesionar o matar con visos de impunidad hasta que el proceso termine, estamos creando policías con una impunidad abierta para matar, que van a seguir operando a pesar de que cometan, en el ejercicio de su función, delitos como torturas o ejecuciones extralegales, que ya están amparadas normativamente", aseveró. 

"Se quiere garantizar que la PNP sea impune en todo, no solo al momento de disparar -una excepción de responsabilidad penal, artículo 20, inciso 11- sino además que, si mata o lesiona personas, no va a tener detención preliminar, atentando contra atribuciones constitucionales del Ministerio Público o del Poder Judicial", agregó. 

Además, Juan José Quispe negó que la detención preliminar o la prisión preventiva signifiquen el "quebrantamiento de la presunción de inocencia".

"La presunción de inocencia se quiebra con una sentencia judicial firme. La detención preliminar y prisión preventiva lo que hacen es que se limiten ciertas formas de libertad bajo ciertos parámetros establecidos en la norma procesal penal", explicó.

Finalmente, consideró que un Policía que hubiere lesionado o matado a una persona de manera arbitraria, al no podérsele imponer detención preliminar o prisión preventiva, podría valerse de su cargo para entorpecer las investigaciones.

"Si un policía sigue en actividad, sigue trabajando con sus demás compañeros como si no hubiera pasado nada (...), es un elemento claro de que va a entorpecer la actividad del Ministerio Público, de las pruebas. Puede intimidar testigos, coaccionarlos, amenazarlos o comprarlos, destruir las pruebas", sostuvo.

"Eso es muy peligroso porque, si vamos a tener un policía que mate y va a seguir en la comisaría o la unidad policial como si nada hubiera pasado, le estamos dando una posición privilegiada a la Policía cuando la Constitución (…) señala que somos iguales ante la ley", puntualizó.