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por Oswaldo Palacios
·El proyecto de ley fue presentado luego de las críticas que se generó por la pensión que el Congreso decidió otorgar a Alberto Fujimori.
El congresista Juntos Por El Perú - Voces del Pueblo y exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, presentó un proyecto que busca derogar la ley que establece una pensión para los expresidentes de la República (Ley N.º 26519).
La iniciativa, respaldada por los legisladores Elías Varas Meléndez, Jorge Coayla Juárez, Guillermo Bermejo Rojas, Nieves Limachi Quispe y Hamlet Echevarría Rodríguez, fue presentada este martes, luego de que a inicios de agosto se conociera que un área administrativa del Legislativo aprobara una pensión vitalicia para el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que, según especialistas, la ley lo prohíbe porque fue condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y haber recibido otras sentencias por actos de corrupción cometidos en su gobierno.
En el dispositvo se argumenta que la pensión que reciben los exmandatarios no constituye un derecho que forma parte de la seguridad social, "sino un privilegio", debido a que "no toma en cuenta otros requisitos que si son considerados en el caso de pensiones no contributivas que son entregadas por el Estado".
Sánchez Palomino objeta que la actual norma conceda pensión a una persona solo por el hecho de haber ejercido el cargo de presidente de la República y sin considerar si el beneficiario o beneficiaria se encuentra en situación de indefensión o no tenga otro ingreso.
Otro cuestionamiento que plantea es el hecho de que una determinada persona reciba una pensión con un sueldo bastante alto, equivalente al ingreso de un parlamentario (S/15 600), solo por haber ocupado un cargo, más aún cuando la mayoría de los peruanos percibe, después de aportar 20 años o más a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), un monto que varía entre 500 y 893 soles.
El parlamentario añade que su iniciativa no generará gasto adicional al erario nacional. "Al contrario, traerá un ahorro, puesto que no se pagará un monto a las personas que hayan ejercido el cargo de presidente de la República", se lee en el texto.
Indulto y cuestionamientos de la Corte IDH
Alberto Fujimori fue denunciado constitucionalmente por el Congreso en noviembre de 2000 por múltiples delitos, poco tiempo después de renunciar a la presidencia por fax ante los graves escándalos de corrupción en su gestión.
En 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel y en diciembre de 2017 el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un cuestionado indulto humanitario, pero en octubre de 2018 la Corte Suprema anuló dicha gracia presidencial. No obstante, en diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional ordenó la liberación inmediata de Fujimori, desacatando las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
"De acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado peruano la Corte ha emitido varias órdenes incluida la resolución del 5 de diciembre de 2023 ordenando una abstención a implementar el indulto. La CIDH recuerda a todas las autoridades estatales su obligación de realizar un control de convencionalidad de oficio en el marco de sus respectivas competencias, teniendo en cuenta la Convención Americana y la interpretación que de la misma realiza la Corte IDH, su intérprete última. Se hace un enérgico llamado al Estado a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en respeto a su dignidad", indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado.
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Veremos ahora cómo reaccionarán el Gobierno y el Congreso, para evitar que se agrave nuestra imagen de país que desacata a la Corte y reniega sus compromisos internacionales.
Oswaldo Palacios Portadista
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