En entrevista con RPP, el constitucionalista Samuel Abad dijo que el proyecto de ley propuesto por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pretende incidir de manera “inconstitucional” en la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Lima
Samuel Abad
El constitucionalista Samuel Abad advirtió que el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, con el que se busca completar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con candidatos de menor calificación, busca “incidir en los procesos disciplinarios en curso” en esa institución, entre ellos el de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En una entrevista con RPP, el profesor universitario criticó una de las modificaciones que plantea el proyecto según la cual la “renuencia injustificada” para asumir el cargo de miembro de la JNJ “genera inhabilitación para postular al mismo u otro cargo público por el periodo que correspondía completar el cargo”. “Eso realmente no tiene ningún sustento”, dijo.
Para Abad Yupanqui, la iniciativa propuesta por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pretende “interferir” de manera “inconstitucional” en la conformación del organismo creado en 2019. “El concurso que permitió que siete integrantes y siete suplentes ingresen a la junta culminó en el 2019”, enfatizó.
El abogado recordó que la Junta Nacional de Justicia es un “organismo fundamental”, porque se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles del país, además de designar a los o las titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“Es un organismo clave. Y por su función tiene que ser autónomo e independiente del poder político. Precisamente, la idea de crear un órgano como la JNJ fue alejarlo de mecanismos políticos o de influencia política”, explicó.
Reacciones de parlamentarias
Varias legisladoras han criticado la aprobación exprés —con 16 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones— en la Comisión de Constitución del proyecto de ley del defensor del Pueblo. Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, consideró que con, con esa propuesta, que plantea modificar la Ley Orgánica de la JNJ, se busca garantizar el retorno de Patricia Benavides, investigada por liderar una presunta organización criminal, a la Fiscalía de la Nación.
Por su parte, su colega Susel Paredes reprochó el accionar “en sociedad” del grupo de trabajo que preside la fujimorista Martha Moyano y Josué Gutiérrez. “¿Tanta es la desesperación para tomar instituciones?”, se preguntó a través de su cuenta en la red social X (antes llamada Twitter).
La Junta Nacional de Justicia cuenta actualmente con cinco de sus siete miembros, después de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera restablecer la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello como magistrados. Abraham Siles y Mónica Rosell declinaron ocupar estas plazas vacantes.
Por otro lado, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, enfrenta un proceso disciplinario en la JNJ por la remoción de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, que investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, por supuestamente cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
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