Elecciones 2021: ¿Cuánto dinero reciben los partidos políticos de parte del Estado?

La anunciada renuncia del candidato George Forsyth a participar de la franja electoral para las Elecciones Generales 2021 (y por ende a recibir el dinero que el Estado ofrece a los partidos políticos) ha evidenciado el poco conocimiento sobre el financiamiento público que reciben las organizaciones políticas. Una norma que tiene como objetivo principal fortalecer la institucionalidad de los partidos y transparentar sus finanzas, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE informó que 21 de las 22 agrupaciones políticas en carrera cumplieron con la selección de los espacios publicitarios en radio y televisión para los comicios de abril. Solo el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, rechazó el fondo asignado. ¿El motivo? Según sus propias palabras "transferir ese monto a las familias afectadas por la COVID-19". Un anuncio que causó sorpresa en la opinión pública por mostrar un profundo desconocimiento de la ley.

¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS?

La Ley de Organizaciones Políticas (28094) nació en noviembre de 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, y su última modificación se oficializó en setiembre pasado. Esta norma establece dos tipos de financiamiento público: el directo y el indirecto. El primero consiste en el aporte monetario estatal a los partidos políticos que mantengan su vigencia y obtengan representación parlamentaria. El segundo está orientado a la asignación de espacios radiales y televisivos para la difusión de sus spots de campaña. Este último, el indirecto, será administrado únicamente por la ONPE y es al que hace referencia George Forsyth.

“El financiamiento indirecto es una oferta de espacios, pero no de dinero y funciona así: el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere dinero a la ONPE, esta contrata espacios publicitarios de los medios de comunicación, luego se los ofrece a los partidos hasta un tope de valor y, finalmente, estos eligen", explica el secretario general de Transparencia Iván Lanegra.

"El financiamiento directo se transfiere anualmente a los partidos: un 60% está vinculado a todos los partidos que tienen representación parlamentaria y un 40% que se distribuye por igual entre todas las agrupaciones. Son fondos que se destinan para actividades de funcionamiento administrativo y orgánico de los partidos, pero no es para propaganda política”, agrega.

Para estos comicios, el financiamiento directo se calcula en base a los resultados de las elecciones congresales del 2020. Por otro lado, se han destinado 70 millones de soles para la franja electoral (financiamiento indirecto), de los cuales 7 millones le corresponden a Acción Popular y Alianza Para el Progreso, 5 millones al Frepap y Fuerza Popular, 4 millones a Unión por el Perú, Podemos y Somos Perú, mientras que al Frente Amplio y al Partido Morado les asignaron un poco más de 3 millones.

En tanto, el Apra, Avanza País, Contigo, Democracia Directa, Frente Esperanza, Juntos por el Perú, Renacimiento Unido, Renovación Popular, Patria Segura, Perú Libre y Victoria Nacional dispusieron de un crédito de un millón y medio de soles cada uno por no contar con representación en el Congreso de la República.

Luis Egúsquiza, oficial de programas de IDEA Internacional, sostiene que uno de los aspectos más destacados de las reformas a esta ley es que “el financiamiento en medios haya pasado de ser prioritariamente privado a ser exclusivamente público”. Y si bien las organizaciones políticas pueden decidir no hacer uso de este, “el objetivo de la norma es contar con recursos para que los partidos puedan funcionar sin necesidad de recibir o buscar fondos privados de dudosa procedencia. Es una inversión del Estado, con el dinero de todos los peruanos, para fortalecerlos”.

Para la politóloga Paula Távara dejar de lado los recursos estatales podría significar que probablemente esa campaña cuenta con un ingreso de procedencia ilícita que no se quiera develar. “En nuestro país lo que sería idóneo es que si tú no presentas transparentemente tus gastos de campaña sean o no de recursos públicos estas reciban sanciones vinculadas a tu participación en las próximas elecciones”, añade.

EL DELITO DE LA MALVERSACIÓN DE FONDOS

Los especialistas coinciden en que no es posible reasignar de manera inmediata una partida económica que está destinada para la franja electoral y utilizarla en la lucha contra la COVID-19, debido a que es un capital que ya se encuentra presupuestado para un fin específico. Al respecto, Távara reafirma que “ese dinero no puede ser destinado a ninguna otra actividad que no sean los procesos electorales”.

“El que piense que porque no se utilizaron los recursos de campaña, estos van a ir al Ministerio de Salud a la compra de vacunas, está equivocado. Es irreal. De hecho, podría llegarse a cometer un delito tipificado como malversación de fondos: utilizar el dinero que estaba destinado para una cosa en otra”, agrega Távara.

Lanegra precisa que no se puede renunciar a un dinero que nunca llegará a las arcas del candidato o partido. En ese sentido, indica que “lo que va a ocurrir al final de las elecciones es que la ONPE hará un balance de todo lo que se gastó y, evidentemente, lo que no se gastó regresará al MEF, y este lo volverá a distribuir. Si la ONPE hace uso del dinero para un fin diferente puede implicar inclusive una sanción penal”.

Finalmente, Egusquiza recuerda que el gran objetivo de la norma es que el financiamiento en medios sea transparente y pueda ser verificado. Aceptar dichos recursos es incluso un mensaje implícito de que todo se está realizando ordenadamente.