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La minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando son actividades criminales que podrían infiltrarse en las elecciones 2026. ¿Cómo lo harían y qué está en juego? Los detalles en este informe.
Las economías ilegales en el Perú -como la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando- podrían expandir su poder y captar espacios políticos en las elecciones de 2026, tanto a nivel nacional como en los regionales y municipales.
Estas redes operan, sobre todo, en la región andina y amazónica del Perú, pero se han extendido a otras zonas del país. Solo en el 2024 movilizaron más de 12 mil millones de dólares, según estimaciones del Instituto Peruano de Economías (IPE).
¿Por qué estas organizaciones criminales buscarían colocar representantes en el poder en las próximas elecciones y cuáles son los riesgos que implica este escenario? El director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, responde.
"Espacios, como el Parlamento, terminan siendo bastante interesantes por la posibilidad de poder relajar los controles y facilitar la actividad económica asociada a estas actividades ilegales. Entonces, es un camino más que importante para esto, y lo que han aprendido, al parecer, esas actividades económicas es a no apostar por un solo caballo, sino a apostar por varios actores políticos sin considerar a qué tiendan pertenezcan", señala.
"Entonces, vas a encontrar actores que van desde la muy extrema derecha hasta la muy extrema izquierda, todos generando discursos y votando a favor de normas que relajan el control y la vigilancia de esas actividades ilegales", recalca.
Uno de los ejemplos más claros de cómo las economías ilegales movilizan a una gran cantidad de personas se observa en zonas con alta actividad de la minería ilegal, responsable de no menos del 40% del dinero que mueve la criminalidad en el Perú. Así lo explica Víctor Fuentes, gerentes de Políticas Públicas del IPE.
"La minería ilegal viene ocurriendo, se viene dinamizando en todas las regiones del país, en algunas con mayor celeridad que en otras [...] Específicamente en las zonas de Pataz, de Arequipa y de Madre de Dios, hemos registrado un crecimiento atípico de la población, básicamente migrando de la ciudad al campo, ante el requerimiento de mayor personal de estas actividades ilícitas", precisa.
Fuentes explica que uno de los principales catalizadores de la expansión de la minería ilegal ha sido el alza de los precios internacionales, que alcanzaron niveles récord. Sin embargo, también ha sido determinante -añade- la incapacidad del Estado para controlar estas actividades.
"[Entre las principales estrategias] están las medidas punitivas, aquellas que tratan de buscar el control directo, aquellas medidas de formalización, que, en el caso del Perú, como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es una historia de un fracaso rotundo; y medidas vinculadas un poco más a la trazabilidad de los productos, tanto de insumos como de unas que se producen del producto final. En todos estos casos hemos visto las fallas del Estado para poder lograr sus objetivos, y acá vamos a ver a diferentes actores involucrados, y cómo cada uno dentro de lo posible va buscando sus mejores esfuerzos, pero sin una guía articulada, sin un liderazgo claro, esos esfuerzos particulares, individuales, se diluyen", precisa.
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¿De qué manera se pueden infiltrar las economías ilegales en las elecciones 2026?
En los próximos comicios, los mercados ilegales podrían no solo financiar campañas electorales, sino también movilizar electores y promover posibles candidatos con una agenda a su favor, alerta el criminólogo Nicolás Zevallos.
"Por la magnitud de las economías ilegales, la financiación es solamente una de las formas en las cuales pueden influir estas redes en las actividades políticas, la actividad electoral [...] Hay un enorme bolsón de personas trabajando directa e indirectamente en estas actividades y, por ende, quien defienda esa actividad va a tener cierta posibilidad. Claro, hay matices. Nadie va a ir a defender de frente la minería ilegal o la cocaína, pero sí puedes defender algunas actividades asociadas a esto que movilizan a muchas personas. Es muy difícil que, en espacios como este, si quieres tú que el interés sea representado adecuadamente, el dirigente o el candidato no esté directamente vinculado a esta estructura", refiere.
"Por ejemplo, históricamente había una enorme defensa en torno a la hoja de coca. Mucha gente, lamentablemente, se destina a la cocaína, ha habido un caudal importante de personas asociadas a esa movilización. Ahora estamos viendo una situación parecida en torno a la minería ilegal, que instrumentaliza a la minería artesanal para poder defender a esta minería, el Reinfo y demás instrumentos. Entonces, vas a encontrar algunos grupos poblacionales o bolsones electorales que son movilizables en torno a actividades asociadas a esa economía ilegal matriz, aun cuando puede tener espacios de legitimidad o de ambigüedad en su desarrollo", agrega.
Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico (UP), advierte que redes criminales como las dedicadas al tráfico de terrenos movilizan grandes recursos, al punto de intentar "corromper" a actores estatales encargados de mantener el orden. Estas organizaciones operan en localidades y regiones específicas, donde también ofrecen a la población supuestas oportunidades de desarrollo, aunque de naturaleza cuestionable.
"No podemos perder de vista, es que una vez se entra a este tipo de estructuras, a participar, a pesar de que, de repente, las autoridades se vieron doblegadas en algún momento, es muy difícil salir. Es muy difícil salir porque hay una red de interés de que esto se mantenga al margen de lo legal, y reinsertarse en una vida social estándar es muy, muy difícil", comenta.
Frente al crecimiento alarmante de las economías ilegales en el Perú, se requieren mayores recursos y una mejora sustancial en los planes de acción de las autoridades nacionales y locales. Además, es fundamental garantizar oportunidades de desarrollo para la población que habita en las zonas afectadas, precisa Aragón.
"Hay dos cosas que esperamos ante un contexto como este. Una, que el Estado tome acción para poder contener esta gran masa crítica de personas que están dependiendo de las economías ilegales, que no avance más, y la otra, como con medidas de seguridad, con medidas de derribar redes y mafias y, en general, actores integrados en el Estado. También esperamos que este Estado que brinde las oportunidades que necesitan, en general, los diferentes agentes para poder desarrollarse en las diferentes regiones. Vemos que las manifestaciones de estas economías ilegales, como la de extorsión y tráfico de terrenos, están diseminadas en todo nuestro país, pero hay algunas otras que están muy puntualizadas y donde, realmente, vemos que no ha cambiado mucho la realidad en los últimos años", afirma.
Las economías ilegales no solo amenazan el orden económico y social del país, sino también su democracia. Identificar sus rutas de infiltración y frenar su avance es clave en un proceso electoral que debe ser íntegro y transparente.
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Karina Valencia Pantoja Periodista
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