por Wendy Milla Loo
·El reciente rechazo del Congreso a inhabilitar a Betssy Chávez reavivó el debate sobre la participación de figuras implicadas en el intento de golpe de Estado del 2022. A puertas de las Elecciones 2026, el politólogo Fernando Tuesta analiza el escenario político y legal que rodea a Pedro Castillo y su exjefa de Gabinete.
El último miércoles, 19 de noviembre, el Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por 10 años para ejercer la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. En este mismo caso también se encuentra implicado el exmandatario Pedro Castillo.
A pocos meses de celebrarse los próximos comicios, Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explicó qué tendría que pasar para que la exjefa de Gabinete y el expresidente de la República no puedan participar de las Elecciones 2026.
En esa línea, Ruesta Soldevilla señaló que para que Chávez y Castillo no puedan aspirar a ejercer algún cargo público tendrían que ser inhabilitados por el Parlamento; o el Poder Judicial debe dictar alguna sentencia en primera instancia por el intento de golpe de Estado del 2022.
“Hay dos razones por las que no podrían candidatear. En la primera, si hay una sentencia en primera instancia en cualquiera de los casos o una inhabilitación de parte del Congreso. Esas dos situaciones, si se presentan, no podrán ser inscritos como candidatos designados de cualquiera de los partidos que por ahí están alrededor”, indicó.
Asimismo, el exjefe de la ONPE precisó que, aunque la extitular de la PCM y el expresidente sean inscritos en algún partido político, no podrán participar de los próximos comicios si en los próximos meses el Poder Judicial emite una sentencia en primera instancia.
“Es un riesgo para los partidos que están en el Congreso si eso no sucede porque -evidentemente- hemos visto que están mirando un poco cuál sería el panorama si, por ejemplo, participa Pedro Castillo. Es un competidor indudablemente de temor para muchas organizaciones. Yo creo que la inhabilitación es una decisión política. Llama la atención que hasta ahora no haya ocurrido”, indicó.
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Asilo de Betssy Chávez
Betssy Chávez se encuentra asilada en la Residencia de la Embajada de México en Lima, donde ingresó el pasado 2 de noviembre. Ello ameritó que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país latinoamericano.
Desde entonces, se solicitó el salvoconducto para que Chávez viaje a México; sin embargo, el Gobierno anunció que demorará la consideración de otorgar dicho documento de tránsito para consultar a los países de la OEA sobre los alcances de la Convención de Caracas.
"Lo que hemos decidido es demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver si esta convención (Convención de Caracas de 1954) se adecua a la realidad de hoy", señaló Hugo de Zela en entrevista con la cadena CNN.
El Ministerio Público solicitó 25 años de prisión contra Betssy Chávez, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargo público al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del estado por este caso.
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Excanciller recomienda a gobierno no otorgar salvoconducto a Betssy Chávez
El exministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzalez-Olaechea, recomendó al Gobierno negar el salvoconducto o la garantía oficial para que Betssy Chávez salga rumbo a México, país cuyo gobierno le otorgó el asilo. En declaraciones a Ampliación de Noticias, señaló que el Estado peruano puede invocar el artículo tercero, párrafo primero, de la Convención de Caracas sobre el derecho de asilo de 1954. Gonzalez-Olaechea explicó que dicho texto señala que la solicitud de asilo es ilícita si quien lo pide está imputado en un proceso ordinario ante tribunales y una autoridad competente.
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