por Redacción RPP
·Durante su exposición en CADE Ejecutivos, el precandidato presidencial, Rafael López Aliaga, presentó sus primeras propuestas dentro de su plan de gobierno para las elecciones generales 2026.
Rafael López Aliaga, precandidato presidencial y al senado por el partido Renovación Popular, participó en la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE, uno de los eventos más importantes del rubro empresarial, en el que expuso sus principales propuestas que desarrollará durante la campaña para las elecciones generales 2026.
Consultado sobre la seguridad jurídica, en relación con el caso Rutas de Lima, Rafael López Aliaga defendió su postura y aseguró que este concepto no puede aplicarse, según él, a actores que considera vinculados a hechos de corrupción:
“La seguridad jurídica es para gente decente, no para delincuentes”, afirmó en alusión a los cuestionamientos por la resolución del contrato con Brookfield. En otro momento respondió a Carlos Gálvez, director de SM El Brocal y panelista: "Usted quiere seguridad jurídica para un delincuente, ahí tenemos un tema moral, yo no, la seguridad jurídica es para gente decente".
López Aliaga también criticó a uno de los presidentes de Confiep; sin mencionar su nombre, señaló: "Si ustedes como sociedad de minería y petróleo o Confiep avalan, eso es su problema. El presidente de Confiep me atacó, saco dos artículos mintiendo al Perú diciendo que estábamos poniendo en riesgo a todas las concesiones del Perú, mentira gravísima (...) Nunca voy a pactar nunca con la corrupción".
En otro momento, durante su exposición en CADE, Rafael López Aliaga cuestionó que el Congreso esté aprobando iniciativas con impacto presupuestal pese a no tener iniciativa de gasto. Aseguró que estas medidas responden a “cálculos electorales” y no a criterios técnicos:
“El Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero como están en cacería electoral, le pido al presidente José Jerí que vaya al Tribunal Constitucional de inmediato, que no le deje una bomba atómica al próximo gobierno”, afirmó Aliaga.
Diversas instituciones, incluyendo al Ministerio de Economía y gremios empresariales, han advertido sobre los riesgos de aprobar leyes que generan obligaciones sin financiamiento claro.
En su último día de la CADE, el precandidato Rafael López Aliaga también expuso sus propuestas respecto a la lucha contra la criminalidad y reforma judicial:
- Procuraduría Pública del Perú procederá a la inmediata incautación y pérdida de dominio de todos los activos de Odebrecht y subsidiarias en el Perú.
- Jueces “sin rostro” para procesar a "terrorismo urbano"
- Los delincuentes de alta peligrosidad serán enviados a las cárceles modelo SEPA (selva no contactada).
- Implementación de grilletes electrónicos para extranjeros no registrados, con el fin de monitorear las actividades que realizan.
- Sanción a gerentes de empresas de telefonía de celulares que no den de baja a los equipos robados y permitan venta de chips sin control
Algunas de sus propuestas expuestas en la CADE
1. Reforma total del Poder Judicial y el Ministerio Público: meritocracia, línea de carrera, atracción de talento (modelo BCR).
2. El retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3. Inversión superior a US$1,000 MM para potenciar la inteligencia policial y militar (cámaras, drones, interceptación de información y central de recompensas efectiva).
4. Jueces “sin rostro” para procesar a terrorismo urbano.
5. Los delincuentes de alta peligrosidad serán enviados a las cárceles modelo SEPA (selva no contactada).
6. Implementación de grilletes electrónicos para extranjeros no registrados, con el fin de monitorear las actividades que realizan.
7. Tratados Internacionales para atacar Terrorismo Urbano para obtener apoyo de Inteligencia, Intervención y Extradición de Objetivos Militares (USA, El Salvador).
8. Sanción a gerentes de empresas de telefonía de celulares que no den de baja a los equipos robados y permitan venta de chips sin control.
9. Eliminación total de Minería Ilegal, explotación sexual, destrucción ecológica, tala ilegal y narcotráfico con intervención de las Fuerzas Armadas. Caso La Pampa.
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