La autoridad electoral había advertido días atrás, a través de su procurador público, Ronald Angulo Zavaleta, que tres magistrados de la Primera Sala Constitucional de Lima “se negaban rotundamente” a cumplir con la decisión del Tribunal Constitucional, que ordenaba suspender los efectos de los fallos judiciales vinculados con la inscripción del partido Unidad Popular.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra tres magistrados de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, a quienes acusa de desobediencia y resistencia a la autoridad por no acatar una orden del Tribunal Constitucional (TC). En octubre, el colegiado declaró fundada la medida cautelar solicitada por el JNE para suspender los efectos de los fallos judiciales relacionados con la inscripción del partido Unidad Popular.
La medida fue interpuesta por el procurador público del JNE, Ronald Angulo, y alcanza a los jueces Oswaldo Ordóñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca. Según el escrito formulado por el organismo electoral, los magistrados "han desobedecido deliberadamente" una disposición expresa del TC emitida en el marco de la demanda competencial que el JNE interpuso contra el Poder Judicial para definir las competencias en materia electoral entre ambas instituciones.
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¿Qué estableció el Tribunal Constitucional?
El pasado 7 de octubre, el Tribunal Constitucional (TC) concedió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una medida cautelar que ordenaba suspender los efectos de las resoluciones judiciales que disponían la inscripción del partido Unidad Popular y su habilitación para participar en las Elecciones Generales 2026, hasta que el propio TC emita una sentencia definitiva. El máximo intérprete de la Constitución también dispuso que ningún órgano judicial emita nuevas resoluciones que puedan comprometer el desarrollo del cronograma de los comicios de abril próximo.
Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría Pública del JNE, los magistrados denunciados "pretenden desconocer la suspensión" de las resoluciones judiciales en el caso Unidad Popular, pese a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.
“A sabiendas de que dichas resoluciones no tienen efectos y no pueden ni deben ser valoradas, insisten en continuar con la ejecución de las mismas, con lo cual irrefutablemente se configura el desacato por parte de estos; motivo por el cual vuestro despacho debe desplegar la correspondiente acción penal a fin de investigar y procesar a los ahora denunciados”, indica la denuncia del procurador.
El JNE argumenta que esta actuación judicial vulnera su derecho al debido proceso, por lo que solicitó a la Fiscalía de la Nación admitir la denuncia penal e iniciar una investigación preliminar contra los magistrados mencionados.
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