Redes sociales y propaganda electoral: ¿Nuestra regulación está adaptada para campañas políticas digitales?

El último viernes 18 de septiembre, el Pleno del Congreso aprobó modificar la Ley de Organizaciones Políticas respecto del financiamiento de partidos políticos. Se trata de una iniciativa en el marco de las reformas políticas. El texto aprobado establece, en su artículo 37, que los partidos políticos pueden contratar publicidad en redes sociales como parte de su campaña.

De acuerdo con la normativa vigente y la recientemente aprobada, toda propaganda electoral debe cumplir con principios básicos de legalidad, veracidad y autenticidad. Además, se prohíben los discursos discriminatorios o el contenido estigmatizante. Sin embargo, en el caso de las redes sociales, el mecanismo de fiscalización no ha quedado claro ni tampoco existe amplia regulación al respecto. Por tanto, la digitalización de las campañas aún se enfrenta a vacíos de fondo. Para este análisis, entrevistamos a cuatro especialistas.

¿Qué bases legales existen?

La nueva normativa que aprobó el Congreso fija un tope de hasta tres redes sociales para la contratación diaria de publicidad. Es decir, la organización política podría emitir propaganda por Facebook, YouTube y Twitter (u otra combinación) cada día, desde los 60 días y los dos días previos a la fecha de los comicios generales. Es el mismo periodo reglamentario que se prevé para la emisión de la franja electoral en medios tradicionales como televisión y radio. En todos los casos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informará a las organizaciones políticas sobre los tiempos y espacios disponibles para estas contrataciones.

Otro aspecto importante del texto es la introducción del principio de igualdad y no discriminación en la propaganda política. De esta manera, se especifica que no deben existir mensajes “sexistas, racistas ni basados en estereotipos de género, que perjudiquen o menoscaben la participación política de las mujeres y otros colectivos”. La obligación de cumplir este principio se extenderá, entonces, a las redes sociales.

La politóloga y ex comisionada para la Reforma Política, Paula Muñoz Chirinos, nos explicó que, para estas plataformas virtuales, también se deberían aplicar otros principios ya previstos en regulación vigente. Sin embargo, destacó que el mecanismo de fiscalización o un eventual método de análisis sobre posibles infracciones en redes sociales no están tan claros.

“Debería aplicar el principio de legalidad, por el cual los contenidos deben respetar normas constitucionales, y el de veracidad, por el cual no se debe inducir a los electores a tomar una decisión sobre la base de contenido falso o engañoso. También está el principio de autenticidad, por el cual la propaganda debe revelarse como tal y no disfrazarse de noticia, pieza periodística o material educativo o cultural. Entonces, [en redes sociales] primaría también esta obligación de lanzar mensajes veraces, que no pueden faltar a la ética, etc. Creo que hay cierta base legal que no sé cómo interpretaría en su caso el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo específicamente se va a regular y cómo lo van a fiscalizar? Eso no lo tengo tan claro”, dijo Muñoz para este artículo.

La alta probabilidad del ‘juego sucio’ desde las redes sociales

La información falsa, los montajes de desprestigio y la actividad de ‘trolls’ son situaciones que se han podido advertir en el uso de las redes sociales durante las campañas políticas. El problema es que no necesariamente se logra identificar quiénes fabrican o emiten estos contenidos. Las pistas se pierden con la viralización.

Percy Medina, jefe de misión en Perú de la organización IDEA Internacional, señala que, efectivamente, hay vacíos: “La nueva norma incluye a las redes sociales entre los medios que se utilizarían en campaña como parte del financiamiento público indirecto. Pero más allá de eso, no hay ninguna legislación. Es decir, no se regula el acceso ni tampoco la manera de supervisar el uso de las redes sociales en campaña”.

Medina indica que es complejo. “El problema con las redes sociales es que son de supervisión muy difícil, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los medios de comunicación, donde es posible hacer un monitoreo. Entonces, es altamente posible que, a través de las redes sociales se vean campañas de demolición o de difusión de información falsa o de medias verdades que terminen por exacerbar los ánimos de la ciudadanía en un determinado sentido. Hacer un seguimiento a esas prácticas y sancionarlas no es imposible, pero sí bastante complicado. En ese contexto, la verificación de la información desde el periodismo u otras iniciativas se vuelve un imperativo”, indicó el especialista.

La presidenta de la Asociación Civil Transparencia y politóloga, Adriana Urrutia Pozzi-Escot, coincide en advertir un posible descontrol frente a la difusión de ‘fake news’ o información falsa. “Las redes sociales ofrecen espacios de discusión, donde uno se siente seguro y donde no siente la necesidad de contrastar información. Es por eso que, como sociedad civil, como medios de comunicación y también desde el propio Estado, resulta importante generar mecanismos de contrastación de esta información falsa", declaró.

Otros problemas: el voto preferencial (que aún no se elimina) y la falta de acceso a redes sociales

El acceso desigual a internet o a redes sociales y la aún pendiente eliminación del voto preferencial también influyen en la incertidumbre sobre el desarrollo de esta etapa preelectoral. Si el voto preferencial no llegara a eliminarse antes del 28 de septiembre, resulta probable que los candidatos al Congreso busquen promocionarse individualmente, como ha ocurrido para comicios anteriores. Esto significa, una multiplicidad de contenidos de 130 candidatos por cada uno de los 24 partidos inscritos. Más de tres mil campañas individuales en simultáneo. Y la regulación no es aplicable a cuentas de redes personales.

“Existe ese riesgo de atomización, dispersión y multiplicación de, digamos, ‘podios’. Creo que ahí es fundamental que se enmarque esta reflexión sobre lo importante que es tener unas reglas de juego claras, que cambien las dinámicas partidarias para que se fortalezcan los partidos políticos [y no candidatos] como principales actores en las próximas elecciones. Que los partidos sean quienes generen el contenido y los usuarios sean ciudadanos que se inclinen por debatir ese contenido”, dice Adriana Urrutia, de la Asociación Civil Transparencia.

Para el analista político Arturo Maldonado, es previsible que esta campaña nacional se centre en espacios urbanos y, principalmente, limeños. Esto, como consecuencia de la desigualdad en la digitalización del país y las limitaciones de acercamiento, propias de la pandemia.

“Parte de esta reinvención de la campaña, donde las redes sociales van a adquirir un peso importante, está la consideración de que este entorno no es 100% masivo. Es un entorno que, digamos, está enfocado en ciertos sectores económicos, mayoritariamente urbanos, mayoritariamente costeños y, más específicamente, limeños. Es muy probable que los sectores que no están en estos grupos queden un poco apartados. Pero también se puede prever que otros medios complementen ese vacío. La radio regional o local, por ejemplo”, señaló Maldonado.

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En entrevista con nuestro programa Ampliación de Noticias, el nuevo jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aseguró que se cumplirá con el cronograma, a fin de que las elecciones generales se realicen el 11 de abril. Además, detalló qué gestiones se realizan para llegar a esta etapa.

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