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El doctor en economía y director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de la PUCP, Gonzalo Ruiz, indicó que el decreto supremo Nº 116-2024-PCM "vulnera las normas y su independencia".
El doctor en economía y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gonzalo Ruiz, consideró de mucha preocupación la situación que atraviesan los organismos reguladores tras la publicación del decreto supremo Nº 116-2024-PCM, que modifica los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.
"Efectivamente, se ve con mucha preocupación lo que está ocurriendo en la actualidad. Nunca había ocurrido algo así. Normalmente los gobiernos, desde los años 90, habían respetado lo que establecen las normas, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que claramente señala que los jefes de los organismos reguladores deben ser designados por concurso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"Esto ha sido modificado a través de un decreto supremo aprobado hace dos semanas. Y en el marco de ese decreto se ha designado a un presidente interino del Osiptel. Creemos que eso vulnera las normas y en realidad afecta a un atributo importante de los organismos reguladores, que es su independencia", agregó.
Como se recuerda, luego de que se suspendiera al entonces presidente de Osiptel Rafael Muente Schwarz, el Poder Ejecutivo publicó este decreto para permitir la designación relámpago de los miembros del directorio de los organismos reguladores, por lo que, en menos de una semana, fue designado Ferrer Anivar Rodríguez.
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"Al perder la autonomía vamos a generar menor seguridad jurídica"
En otro momento, Ruiz indicóen que la pérdida de autonomía de los organismos reguladores generaría inseguridad jurídica, lo que al final se traduce en menor inversión, debido a la incertidumbre.
"Sería un retroceso en lo que es el marco institucional que tienen los reguladores en Perú. Parte de la autonomía pasa por tener mecanismos de designación de sus autoridades de manera meritocrática. Normalmente, los concursos para designar a un presidente pasan por una evaluación curricular, una evaluación técnica, algunas entrevistas", aseveró.
"Al perder la autonomía lo que vamos a generar es menor seguridad jurídica, mayor incertidumbre para los inversionistas que quieran invertir en estas industrias y una politización de estos temas tan delicados", finalizó.
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