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El nuevo titular de esta área aseguró en RPP que revisarán las contrataciones de todo el personal tras la denuncia de una presunta red de prostitución dentro del Parlamento.
Ángel Delgado, nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, rechazó las críticas a su designación sobre su falta de experiencia parlamentaria. En ese sentido, aclaró que su cargo no responde a ningún manejo político y que podrán tener resultados en cinco meses para una reorganización en el área.
"A mí lo que me están pidiendo no es que yo trabaje en el Parlamento, sino que ayude a la reorganización y recuperación de una oficina que, lamentablemente, por estos estropicios se ha destruido, deteriorado. Y, a partir de mis conocimientos, durante un periodo de tiempo que yo estimo debe ser de cinco o meses, poder recuperarla para darle el prestigio que jamás debió perder", expresó en el programa Prueba de fuego de RPP TV.
Delgado señaló que se evaluarán a todos los trabajadores de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. En ese sentido, consideró que se podría reducir la planilla a la mitad.
"Sí, porque tiene 34 trabajadores a la fecha. Yo creo que, con la mitad, se podría perfectamente funcionar, lo implicaría un ahorro para el erario público. En segundo lugar se ha cumplido que los contratos 728 que terminen al 31 de diciembre ya no sean renovados", expresó.
Descarta injerencia en su designación
Delgado expresó que su llegada a este puesto fue por intermedio de la exparlamentaria Alejandra Aramayo, quien lo contactó con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para ver la reorganización del área.
"El presidente del Congreso me llama a título personal, no tiene nada que ver el partido Avanza País ni nada que se le parezca. Yo no entro aquí a ningún cubilete político y, si estoy aquí poniendo mi prestigio profesional, es porque creo que las cosas se pueden hacer bien y se puede superar este vacío", indicó.
Denuncia que provocó cambios en el Legislativo
Un reportaje del programa Beto a saber de Willax informó que en el Parlamento operaría una presunta red de prostitución, en la cual estaría involucrado Jorge Torres Saravia, entonces jefe de la Oficina Legal y Constitucional en el Parlamento.
La denuncia causó que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunciara a los pocos días la destitución de Torres Saravia. Asimismo, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por el supuesto delito de explotación sexual.
Como parte de la diligencias, recabaron los registros de las cámaras del Edificio Complejo Legislativo, de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, así como documentos de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos.
El titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, adelantó que tanto el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, como su antecesor, Alejandro Soto, serán citados “en el momento oportuno” para responder ante ese grupo de trabajo sobre este caso.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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