Durante su último mensaje por Fiestas Patrias, la jefa de Estado volvió a aludir el contexto de convulsión social en el que asumió la Presidencia e indicó que optó por "preservar la democracia". "¿Qué hubiera sucedido si no asumía el Gobierno?", inquirió.
La presidenta de la república, Dina Boluarte, dio este lunes, ante el Congreso de la República, su último mensaje presidencial por 28 de julio, en el que hizo un recuento de las circunstancias en las que asumió el Gobierno y los avances logrados durante su gestión.
La mandataria inició señalando que "el 7 de diciembre de 2022" asumió la Presidencia "en medio de una conspiración desde dentro del Gobierno, destinada a dar un golpe de Estado que amenazó con fracturar el orden democrático" ante lo cual dijo que tuvo "que actuar bajo el imperativo del deber de defender a la patria".
"Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Sin embargo, pregunto, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera asumido el gobierno y no hubiera actuado, actuando con absoluto respeto al orden democrático y a la institucionalidad?", inquirió.
"El país estaría sumido en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias: elecciones en medio de la violencia y un poder autoritario e improvisado para supuestamente elaborar una nueva constitución, pretexto de los que son traidores a la patria; un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, Bolivia y Venezuela", agregó.
Ante estas palabras, congresistas del bloque de izquierda intensificaron sus pifias y protestas contra la mandataria. El legislador Jaime Quito (Bancada Socialista) mostró un cartel con las palabras: "Dina el pueblo te repudia"; mientras que Wilson Quispe (Juntos por el Perú-VP) llegó hasta el centro del hemiciclo con un polo blanco pintado con la frase: "El pueblo no se rinde”. Frente a ello, José Jerí, presidente del Parlamento, tuvo que hacer un alto a la sesión para que el relator haga mención al Reglamento del Congreso.
A continuación, Boluarte Zegarra dijo que "sostener la democracia" implicó afrontar "innumerables investigaciones y denuncias fiscales", lo que calificó como un "acoso" que alcanzó a funcionarios de su Gobierno y a miembros de su familia.
"Sostener la democracia implicó enfrentarnos a poderes fácticos, que pretendieron que al enfrentar innumerables investigaciones y denuncias fiscales o extender este acoso a funcionarios de mi Gobierno e involucraron, incluso, a miembros de mi familia, doblegarían mi compromiso con el Perú y todos los peruanos", aseveró.
Insiste en reorganización del sistema de justicia
En otro momento de su mensaje, en el tema 'Justicia, seguridad y legalidad', la presidenta indicó que se requiere "una reforma al actual sistema de justicia" y que, para ello, está logrando los "consensos necesarios" con otros poderes del Estado para "convertirlo en un esquema democrático".
"Al inicio de mi gobierno, asumí el compromiso de brindar una justicia real y concreta en favor de todos los peruanos; una justicia accesible para todos pero que a su vez sea reparadora y primordialmente igualitaria. Para ello, se requiere una reforma al actual sistema de justicia y convertirlo en un esquema democrático y que cuente con la legitimidad que requiere la ciudadanía", resaltó.
"Trabajamos con fuerza para lograr los consensos necesarios con los demás poderes del Estado que nos permita implementar una reforma del sistema de justicia estructural que facilite el acceso real a la justicia y consolidar una sociedad democrática, justa y pacífica para el desarrollo integral de las personas en un ambiente armónico", enfatizó.
Cabe señalar que la reorganización del sistema de justicia es una propuesta que ya se viene impulsando. En octubre del año pasado, el entonces ministro de Justicia Eduardo Arana se presentó ante la Comisión de Justicia del Parlamento debido a que el pleno había aprobado una moción exhortando al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley sobre el tema.
Actualmente, la propuesta viene siendo abordada en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, organismo creado en 2019 por el gobierno de Martín Vizcarra. En octubre de 2024, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reformar dicho consejo, de modo que sea presidido, "de manera indelegable", por el jefe de Estado.