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El ministro de Justicia señaló que ya no tiene comunicación con Percy Tenorio, con quien dijo tener una relación que "no es de lo más buena" y aseguró que este "no recibió un sol" por ejercer defensas de efectivos policiales.
El ministro de Justicia Juan José Santiváñez, en una entrevista para Perú 21, se pronunció sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía en torno al caso Ícaros, referido a una presunta red criminal dentro del Estado, que estaría encabezada por el propio titular del Minjus, a quien las indagaciones le atribuyen la figura de 'hombre clave'.
Como se recuerda, el pasado 27 de agosto, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo de allanamiento con fines de incautación de documentos relevantes para la referida investigación, en 14 inmuebles, entre ellos, la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, quien se encuentra implicado en calidad de tercero vinculado.
Al respecto, Santiváñez Antúnez dijo que no fue "notificado" y que no tiene "conocimiento pleno" de lo que calificó como una "nueva fábula fiscal". Asimismo, negó conocer a Nicanor Boluarte o haber hablado con él.
"La hipótesis fiscal es absolutamente descabellada. Me estoy basando en lo que he podido leer en los medios, porque no he sido notificado ni me encuentro en el requerimiento y, por tanto, no tengo conocimiento pleno de la resolución ni de esta nueva fábula fiscal", sostuvo.
"Yo no conozco al señor Nicanor Boluarte. Nunca he hablado con él. Ni por teléfono. No tengo vinculación o relación. Eso tranquilamente hubiera podido determinarlo el Ministerio Público con un análisis de geolocalización, antes de hacer el circo que han hecho", agregó.
Además, el ministro de Justicia indicó que no tiene comunicación con Percy Tenorio, a quien la Fiscalía sindica como uno de los principales operadores de confianza de Santiváñez, y que habría sido beneficiado irregularmente con 5 contrataciones de defensa legal de efectivos policiales por S/200 mil cada una.
"Se sostiene, erróneamente, que el señor Percy Tenorio es mi alfil. Penosamente, tengo que reconocer que mi relación con él no es de lo más buena. En 2020 mi despacho asumió su defensa en la imputación por su participación en las marchas contra Merino. Lo patrocinaron los abogados del despacho. Pero el Ministerio del Interior era mal pagador. No pagaba. Y por eso, muchos meses antes de que asuma la cartera, el estudio resuelve el contrato. Y deja el patrocinio días antes de una audiencia", explicó.
"Ya no tengo comunicación con el señor Tenorio, que es oficial en retiro. Además, el proceso de contratación lo ve una junta especial", añadió.
Según Santiváñez, los procesos de contratación en los que habría sido beneficiado Tenorio durante su gestión como titular del Mininter no pueden ser direccionados, pues no los ve el Despacho Ministerial. Además, aseguró que este "no ha recibido un sol".
"El ministro no participa. Y quien elige al abogado es el cliente [...] El señor Tenorio ejerce esas defensas hace un año y ocho meses, cuando yo ni siquiera pensaba entrar en política. Y no ha recibido un sol", aseveró.
A su vez, el titular del Minjus descartó pagos ilícitos que le habrían hecho generales por permanecer en sus cargos y la presunta instrumentalización de la Policía en una intervención que benefició a la mina El Dorado.
"Jamás la Policía actúa con una contraprestación. Que lo demuestren, pues. Esa es la hipótesis de la Fiscalía, tan descabellada como otras en las que me ha vinculado desde que resalté sus fracasos y su politización", alegó.
"Las minas están catalogadas como activos críticos. Pregunta cuántas mineras han solicitado la participación de la PNP en conflictos sociales. El ministro del Interior establece políticas. No tiene ejercicio de mando y comando sobre oficiales ni suboficiales. Eso es responsabilidad exclusiva del comando general de la Policía. Que la Fiscalía me saque un solo documento en el que haya generado alguna intromisión dentro de la PNP. Ni siquiera en los ascensos ni pases al retiro", enfatizó.
"No le temo a los retos ni a las actividades ilícitas que una organización criminal pueda hacer"
En otro momento, Juan José Santiváñez dijo estar "convencido" de que saldrá absuelto "de todos los procesos que me han armado".
"Desde la configuración de una policía absolutamente politizada, una Fiscalía prestada a esa politización y determinados medios, existe una organización criminal", aseguró.
"No le temo a los retos ni a las actividades ilícitas que una organización criminal pueda hacer. Lo que sí tengo es cuidado. Mi padre me enseñó a tener cuidado de los ignorantes y los imbéciles", acotó.
Según Santiváñez, en la Fiscalía habría "temor a una reforma necesaria y a las denuncias" y consideró que habría más allanamientos y requerimientos en su contra.
"Yo estoy convencido de que van a venir más allanamientos y más requerimientos. Yo abro mi casa de par en par. La Policía tiene carpetas que llevan esperando cinco o seis meses para allanamientos y detenciones de organizaciones criminales. Y la Fiscalía no las ejecuta. Pero cuando es un político o alguien cercano al entorno presidencial, en dos semanas te lo sacan", indicó.
Por otro lado, el ministro de Justicia dijo que la reapertura del penal de El Frontón será a "lo que cueste" dado que sería "más caro enviarlos a El Salvador" y anunció que terminará con los beneficios penitenciarios. Además, aseguró que "ser candidato" no está en su radar.
"El problema no es el tiempo, sino el carácter para tomar decisiones. Ser candidato no es algo que esté en mi radar en este momento. Yo vivo el presente. Y estoy absolutamente abocado a mi labor como ministro de Justicia", puntualizó.
¿Qué hechos se investiga en el caso Ícaros?
El caso Ícaros se refiere a la existencia de una presunta organización criminal liderada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Según la Fiscalía, antes de ejercer el cargo de ministro del Interior, "en su calidad de no aforado, habría formado parte del brazo de protección de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra, a efectos de que se generaran espacios de impunidad para que dicha organización cumpliera sus fines".
"En ese contexto, cuando Juan José Santiváñez ocupó el cargo de ministro del Interior, comenzó a gestar su propia organización criminal dentro del Poder Ejecutivo, cuya finalidad sería obtener réditos económicos mediante la comisión de delitos contra la administración pública", señala el Ministerio Público sobre el caso en su requerimiento de allanamiento, presentado ante el Poder Judicial y ejecutado el último miércoles en 14 inmuebles, entre ellos la casa del hermano de la presidenta de la República.
La Fiscalía indica que Santiváñez habría captado personas de confianza como Percy Alberto Tenorio Gamonal, a quien, desde el cargo de ministro del Interior, habría beneficiado interveniendo para que aparezca como proveedor de 5 contrataciones de defensa legal de generales en estado de actividad, quienes vienen siendo investigados por las muertes en las protestas sociales que iniciaron en 2022 contra Dina Boluarte. Estas contrataciones serían por S/200 mil cada una.
Las investigaciones apuntan a que, para que Percy Tenorio pueda acceder a las contrataciones, Santiváñez "habría dispuesto que la Defensoría de la Policía -que depende directamente del despacho ministerial- adecúe o, de ser necesario, modifique los términos de referencia del perfil del operador".
Asimismo, la Fiscalía investiga un presunto pago de 20 mil dólares que habría hecho el general PNP Gregorio Villalon a Juan José Santiváñez para permanecer en actividad, dinero que habría sido entregado a través de Percy Tenorio Gamonal.
Un tercer hecho investigado por el Ministerio Público en torno al caso se refiere a que, a mediados de agosto de 2024, la presidenta Boluarte le habría encomendado a Santiváñez que "haga lo posible por conseguir arraigos laborales creíbles mediante empresas de confianza para Nicanor Boluarteb Zegarra [...], por lo que, a efectos de mantener la confianza de la mandataria", este habría puesto a disposición "la presumible red criminal".
Para ello, Percy Tenorio habría propuesto a Franco Parodi Gianella, propietario de la mina El Dorado, y a Gianfranco Meza, financista de la misma, la recuperación de dicha mina a través de un supuesto operativo policial, a cambio de 60 mil dólares y "la búsqueda y confección de arraigos laborales en beneficio de Nicanor Boluarte", razón por la cual el hermano de la presidenta "habría asistido hasta 7 veces a la oficina del estudio jurídico Tenorio" a fin de coordinar la "forma de creación de arraigos laborales ficticios" y "hacerlo pasar como una especie de consultor de la empresa minera".
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