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por José Flores
·Representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional llegaron la mañana de este miércoles a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte, en San Borja. La diligencia se extendió hasta casi las 9 de la noche.
Un grupo de fiscales del Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan un operativo de allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en un condominio en el distrito de San Borja.
La diligencia se inició en las primeras horas de la mañana de este miércoles y se realiza bajo la dirección del fiscal adjunto provincial del Eficcop, Raúl Guerrero Quispe.
Unos cinco representantes de la Fiscalía ingresaron a la casa de Nicanor Boluarte sin que se opusiera resistencia, luego de que un familiar del domiciliado les abriera la puerta.
De acuerdo con información recogida por RPP, el allanamiento de este miércoles responde a una investigación distinta al caso 'Los Waykis en la sombra', que continúa de manera paralela bajo las indagaciones del Ministerio Público.
Según fuentes de fiscalía, la orden de allanamiento tiene fines de incautación de documentos relevantes para la investigación preliminar contra una presunta organización criminal dedicada a la comisión de delitos. Según esta información, las diligencias se realizan en 14 lugares, uno de ellos en Ayacucho.
Vinculación de Juan José Santiváñez
Parte del documento que dispone el allanamiento y al que tuvo acceso RPP, menciona al actual ministro de Justicia, Juan José Santivañez, como líder del presunto grupo delictivo, el que estaría integrado por personas de su confianza y servidores públicos, que habrían sido reclutados cuando el principal investigado formaba parte del Ejecutivo en el cargo de ministro del Interior.
De ese modo, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Santiváñez habría formado "un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente, que de manera concertada y coordinada, se reparten roles para cometer delitos contra la administración pública (colusión simple, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, encubrimiento real agravado), en tanto en cuanto buscan obtener beneficios económicos".
El documento también señala que Santiváñez, desde antes de llegar a integrar el gabinete ministerial del gobierno de Dina Boluarte, "habría formado parte del brazo de protección de la organización criminal liderada por Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, a efectos de que se generaran espacios de impunidad para que dicha organización cumpliera sus fines (v. gr. llegar al poder instrumentalizando el partido político Ciudadanos por el Cambio)".
La disposición judicial que autorizó el allanamiento de hoy señala como investigados a Juan José Santiváñez Antúnez, Percy Alberto Tenorio Gamonal, Yesenia de la Cruz Rivas, Marco Antonio Palacios Meza, Gregorio Martín Villalón Trillo, Yber Torres Pariona y Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz. Además registra como "tercero vinculado" al caso a Nicanor Boluarte.
Conflicto de intereses
El allanamiento de hoy se realiza luego de que el programa Panorama revelara el último domingo un supuesto caso de conflicto de intereses relacionado a Santiváñez. El reportaje señaló que, durante su gestión en el Ministerio del Interior (Mininter), se llevaron a cabo operativos policiales en la minera El Dorado que habrían beneficiado a un cliente del estudio jurídico del ministro.
De acuerdo a fuentes de fiscalía recogidas por el diario El Comercio, Nicanor Boluarte estaría vinculado a uno de los hechos presuntamente ilícitos atribuidos al grupo que dirigiría Santiváñez. Según esta versión, Santiváñez apoyó a un abogado (Percy Alberto Tenorio Gamonal) para la recuperación de tierras en favor de la Mina 'El Dorado S.A.' cuando era la cabeza del Mininter. A cambio habría solicitado una retribución económica y una certificación de "arraigos laborales" para Nicanor Boluarte.
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, quien llegó esta mañana a la vivienda en San Borja, dijo desconocer las imputaciones contra su defendido, aunque reconoció que existen trascendidos sobre el caso "de una supuesta minera" en el que estaría implicado el actual ministro de Justicia.
"Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez; no tiene ningún conocimiento de ninguna persona que trabaje en una minera", afirmó.
"Esto es un abuso, absolutamente innecesario. En lugar de citar al señor a declarar para que esclaresca algún supuesto vínculo que tuviera, lo que hacen es allanar. Nunca nos han notificado absolutamente nada de este caso. Si tienes un caso lo primero que haces citar a las personas para preguntarles sobre los hechos", agregó.
Por su parte, César Linares, el defensor público que asistió a Boluarte en el inicio del allanamiento, dijo que el hermano de la presidenta "está mostrando predisposición en el caso".
"El señor Boluarte se muestra con ánimo de aportar en este allanamiento y ha ejercicido su derecho constitucional de elegir a su defensa privada", dijo a su salida del condominio.
Investigación paralela contra Nicanor Boluarte
Como se recuerda, el hermano de la mandataria es investigado por el caso 'Los waykis en la sombra', una presunta organización criminal que, de acuerdo con la tesis fiscal, habría captado a personas para colocarlas en puestos claves de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional.
Por este caso, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva por 36 meses para Nicanor Boluarte y otros investigados en noviembre de 2024. No obstante, en enero de este año un juzgado declaro improcedente dicho mandato.
A inicios de este mes, el Poder Judicial también rechazó el pedido de Nicanor Boluarte de que se archive la investigación en su contra por el presunto delito de organización criminal.
La defensa legal del hermano de la mandataria alegó que los hechos que se le imputan a su patrocinado no superarían el estándar establecido por el delito de organización criminal, al amparo de la Ley 32108, pues el entramado criminal no presentaría una estructura compleja y los delitos fines en su extremo mínimo no superarían los 6 años de pena privativa de la libertad.
No obstante, el juez Richard Concepción Carhuancho determinó que debe descartarse la aplicación de la Ley 32108 al presente caso concreto, en vista de que se trataría de una ley anterior al momento en que se produjeron los hechos materia de imputación.
Asimismo, precisa que el planteamiento de la defensa técnica del investigado supondría una aplicación ultractiva de la ley penal, lo cual está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico.
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