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por Redacción RPP
·Daniel Maurate, actual ministro de Justicia, señaló que tiene que investigarse las supuestas ejecuciones extrajudiciales ya que la CIDH no puede tipificar delitos ni señalar responsabilidades penales.
El ministro de Justicia, Daniel Maurate, dijo confiar en la palabra de los ministros en el gabinete de que ordenaron no usar armas de fuego durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Además, recalcó que el informe de la CIDH ha hecho una evaluación, pero con muy pocos días en el país como para confirmar supuestas muertes extrajudiciales.
"Por lo que he escuchado a los colegas, el premier y la presidenta, ellos han dado las indicaciones de que no se usen armas de fuego en las manifestaciones y yo confío en ellos. Creo que ellos no han ordenado porque si yo supiera que ordenaran ese tipo de cosas yo no estaría aquí", expresó en el programa Todo Se Sabe de RPP.
Maurate manifestó que el informe de la CIDH no puede tipificar delitos y que será el Ministerio Público quien investigará las muertes ocurridas en las protestas.
"No se ha establecido responsabilidad de ninguna persona o funcionario. Eso dice la comisión se deja a la autoridad local que debe investigar de la manera más rápida posible", precisó.
Sobre la muerte de Víctor Santisteban durante las protestas en Lima, consideró que en según las imágenes de una cámara de seguridad, donde se registró el momento en el que le impactó el proyectil que le causó la muerte, sí se habrían violado los derechos humanos. Sin embargo, dijo que esa era su percepción y que Fiscalía será la que determine lo ocurrido.
"Por lo que veo, aparentemente sí, pero eso tendrá que decirlo el Ministerio Público porque es la única autoridad que puede imputar delito y responsabilidad penal. Creo que dentro de las instituciones tiene que haber una investigación. Un video, una foto, hoy día tiene que ser sometido a pericias pues a veces la percepción es la que tenemos, pero por eso no se puede condenar", indicó el titular del Minjus.
Dina Boluarte critica conclusiones del informe de CIDH
El Gobierno de Dina Boluarte ha rechazado algunas de las conclusiones expuestas este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo informe da cuenta de supuestas “ejecuciones extrajudiciales” y “graves violaciones” de los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales.
En el informe final de la CIDH, los comisionados dieron cuenta de 57 fallecidos y señalaron que, solo en las protestas realizadas en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se registró un uso “desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” por parte de los agentes del orden; además de una “fuerte estigmatización” por factores étnicos-raciales y regionales”.
La jefa de Estado dijo que el Consejo de Ministros ha realizado una evaluación preliminar del informe y que su gestión respeta las conclusiones de la comisión; sin embargo, reiteró que este tipo de cuestionamientos no son compartidos por el Poder Ejecutivo.
Boluarte Zegarra, quien afronta una investigación fiscal por el presunto delito de genocidio por las muertes en las protestas, negó que durante las movilizaciones haya existido una “fuerte estigmatización” contra los manifestantes por factores étnicos, raciales y regionales, como lo advierte el informe del órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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