La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles su informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas desarrolladas entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año contra el gobierno de Dina Boluarte.
"Desafortunado informe": para el congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trata de "ningunear" lo que ocurrió el 7 de diciembre del año pasado cuando el expresidente Pedro Castillo dio el golpe de Estado. "Lo que hubo en el Perú fue un intento de golpe de Estado, no una crisis institucional como lo hace notar este desafortunado informe que nos trata de jalar las orejas como si ellos conocieran la realidad del país", sostuvo.
El congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, dijo parecerle un exceso de parte de la CIDH que en su informe le haya hecho recomendaciones al Ministerio Público sobre cómo tiene que llevar sus investigaciones. Asimismo, fue enfático al señalar que hay intereses políticos detrás del documento de esta comisión.
"El informe es contundente": Margot Palacios, congresista de Perú Libre, lamentó que ciertos parlamentarios minimicen y resten credibilidad al informe de la CIDH, dado que este presenta evidencias claras y contundentes de que hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso, consideró que el texto de la entidad hace un recuento importante y precisó al indicar que la convulsión social en el país inició a partir del 7 de diciembre del 2022 cuando Pedro Castillo pretendió dar un golpe de Estado. Asimismo, Salhuana rescató que en el informe de la CIDH se señala que la sucesión presidencial y los actos realizados por el Congreso de la República y las entidades democráticas correspondieron al orden constitucional vigente.
Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, calificó de "sesgado" el texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "¿Por qué hacerle caso a una institución sesgada? porque desde mi punto de vista es una opinión sesgada, para mí es una institución extranjera que tiene una opinión del Perú, desde mi punto de vista, sesgada", señaló.
La presidenta Dina Boluarte también se pronunció tras la publicación del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que denuncia abusos contra los participantes en las protestas registradas entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero. "Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la comisión. De hecho rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas", mencionó la mandataria en conferencia de prensa.
En cuanto a las recomendaciones que ha brindado la CIDH en el informe, Boluarte manifestó que ya han implementado acciones a favor de las víctimas y heridos durante las protestas. "Sobre las recomendaciones de la comisión es importante mencionar que nuestro Gobierno ya ha venido implementando un conjunto de acciones, incluso desde antes que se realicen las investigaciones y que el propio informe así lo reconoce. Se creó una comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de todos los deudos, así como los heridos que sufrieron lesiones de gravedad", refirió.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respaldó lo dicho por la mandataria Dina Boluarte y afirmó que "en el país existe plena vigencia de los derechos fundamentales", así como el estricto respeto a la protesta pacífica. Por otro lado, precisó que este informe no es una sentencia, dado que solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede hacerlo. "En este caso estamos ante el reporte de un informe temático que contiene una serie de recomendaciones, que son 36 en su totalidad, y que alcanzan a varios organismos del Estado como el Ejecutivo, el Congreso de la República, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otros. Es decir, es un informe cuyas recomendaciones tenemos que trabajarla de manera multidisciplinaria", explicó.
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