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por Redacción RPP
·El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que esta normativa consagra la lucha frontal contra la corrupción y facilita y destraba la ejecución de obras públicas.
El Consejo de Ministros aprobó este jueves el proyecto de la nueva ley de contrataciones del Estado que tiene como objetivo facilitar y destrabar la ejecución de obras públicas en el país.
"Es un proyecto de ley que será enviado con carácter de urgencia al Congreso y que va a significar una segunda ola en el proceso de reforma del Estado a través de las adquisiciones para consagrar la lucha frontal contra la corrupción y la eficiencia", dijo Alberto Otárola, titular del Gabinete, durante una conferencia de prensa ofrecida desde la sede de Palacio de Gobierno, en la que también participaron la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.
El premier explicó que el dispositivo es "pionero", pues "va a maximizar" el uso de los recursos en las contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado sobre la base de la lucha anticorrupción y la eficiencia en estos procesos por parte de las instituciones públicas.
Los atributos del proyecto
Alberto Otárola indicó que un análisis del Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores reveló que, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, más de 1 300 funcionarios fueron acusados de actos de corrupción, por lo que actualmente afrontan procesos por presunto peculado, colusión y negociación incompatible.
De acuerdo con el jefe del Gabinete, este escenario se produjo “por un inadecuado uso” de la norma vigente y la “falta de enfoque de prevención de corrupción de la ley”.
“Esta reforma tiene un contenido enfocado en la facilitación y destrabe de las obras públicas. Se optimiza los factores de evaluación en lugar de únicamente el precio, se incorpora contratos estandarizados de ingeniería y de construcción con la experiencia internacional”, detalló.
El jefe del Gabinete remarcó también que el proyecto establece que los procesos de contratación serán más cortos y eficientes, amplía los impedimentos de los sancionados por corrupción e incorpora el pacto de integridad en la contratación pública.
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