¿Debería el Perú retirarse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos?: argumentos a favor y en contra

El último martes, el congresista de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, sustentó, ante la Comisión de Constitución del Parlamento, su iniciativa legislativa para que el Perú denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos y, con ello, se retire de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Para la misma sesión, estaba agendada también la sustentación de otros dos proyectos de ley que proponen lo mismo. Estos pertenecen a los congresistas Segundo Montalvo (Perú Libre) y Wilson Soto (Acción Popular). 

Además de estos tres proyectos, en mayo de este año, el legislador Ilich López (no agrupado) presentó una iniciativa legislativa que propone la salida del Perú de la referida convención, el cual se mantiene en la agenda de la Comisión de Relacione Exteriores.

En suma, son 4 proyectos legislativos encaminados al retiro del país de las competencias de este organismo supranacional de derechos humanos, tal como en su momento lo hicieron países como Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua, que aun se encuentra en el proceso.

Ante este panorama, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el congresista José Cueto (RP) debatieron en RPP Noticias los pro y contra que podría representar esta medida para el Perú.

Jennie Dador: "La CIDH y la Corte IDH están para proteger a la ciudadanía"

La abogada Jennie Dador indicó que ha revisado el proyecto de ley presentado por Jorge Montoya, el cual, según dijo, se sustenta en que "no es necesario permanecer" en la CIDH y Corte IDH porque "la justicia interna funciona en el Estado peruano". 

"(Esto) no se condice con la situación del país donde, si miramos la última Encuesta Nacional de Desigualdades, encontramos que el 83% de la población, el ámbito donde encuentra mayor desigualdad, es en la justicia", aseveró.

"Lo importante es que la Corte IDH y la CIDH son subsidiarias a la justicia interna. Es decir, cualquier ciudadano y ciudadana puede acudir a esa vía como lo señala el artículo 205 de la Constitución que faculta (…) acudir a las instancias internacionales cuando no se encuentra justicia en el país", agregó.

Asimismo, ante el argumento de que las resoluciones de ambos organismos han sido desfavorables para el Estado peruano, Dador Tozzini remarcó la distinción entre Estado y los ciudadanos peruanos, quienes sí habrían tenido fallos favorables.

"Para nuestro país, sí, porque la Corte IDH y la CIDH están para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de los países, no al Estado. Si el Estado tiene una defensa precaria, que no se organiza debidamente, eso es reflejo de que tampoco se organiza internamente. Pero sí ha sido favorable a los peruanos", indicó. 

"A quien uno emplaza o denuncia cuando acude a estos espacios es al Estado peruano. ¿Por qué al Estado? Porque es el garante de los derechos (...), es el responsable de que sus ciudadanos consigan justicia internamente. Cuando no la consiguen, se puede acudir a la CIDH primero y luego a la Corte IDH", recalcó.

Además, indicó que "de las 53 sentencias que existen contra el Estado en la Corte IDH (…), hay un grupo considerable que tiene que ver con derechos laborables, con derechos sociales, con derechos de las mujeres, con participación política, esterilizaciones forzadas".

"Y otro (grupo) tiene que ver con situaciones de violencia ocurridas durante el conflicto armado interno. En el grupo de las 53 sentencias, 9 tienen que ver con que se hagan nuevos juicios, con las condiciones en las que fueron viviendo la detención, etc. No tienen que ver con la liberación directa de personas condenadas, sino con cómo actuó el Estado en el proceso de detención, las condiciones posteriores o que no se respetaron las garantías en el juzgamiento", explicó.

En ese sentido, resaltó que solo hubo un caso en que se resolvió una indemnización del Estado peruano a favor de un sentenciado por terrorismo, pero que, a la vez, el Perú emitió una ley de reparación civil, con lo que, inmediatamente, el Estado acogió tal indemnización. "Se hizo una triangulación", indicó Dador. 

La secretaria ejecutiva de la CNDDHH indicó también que a ambos organismos acuden "ciudadanos y ciudadanas de las distintas tendencias y corrientes políticas", tal como hizo la presidenta Dina Boluarte.

"Justamente, el año pasado, la presidenta Dina Boluarte presentó ante la CIDH un pedido por la situación que estaba afrontando por el proceso que se le seguía. Entonces, es una garantía para cualquiera cuando siente que la justicia no funciona", remarcó.

Por otra parte, resaltó que los representantes de esos organismos son elegidos mediante procedimientos que implican propuestas de los países miembros, por lo que no es correcto decir que 'nadie los elige'.

"Todos los países pueden presentar hasta dos o tres candidatos, y se eligen por votación. Nosotros hemos tenido representantes del Estado. El día de hoy, tenemos una representante en la CIDH, la Dra. Julissa Mantilla que justo termina funciones. También tenemos una representante en el Comité de los Derechos de la Mujer, que preside ese comité", explicó. 

Finalmente, subrayó que la Carta Democrática, en su artículo 3, "plantea como una de las condiciones para que un país sea reconocido como una democracia representativa el respeto y la vigencia de los derechos humanos, los derechos fundamentales y la independencia de poderes".

"Cuando estos derechos no se están protegiendo adecuadamente en el país, nos queda la posibilidad de acudir al organismo internacional", puntualizó.

José Cueto: "Nuestros 'temas' no deben ser vistos en esas instancias, sino internamente"

Por su parte, el congresista José Cueto reconoció que "efectivamente, la justicia en el Perú no funciona como uno quisiera", y que, por ello, el retiro del Perú de la Convención daría pie a mejorar el sistema de justicia nacional.

"Lo peor de todo es que la CIDH y la Corte IDH no es que hagan justicia para los peruanos. Normalmente - y yo soy testigo porque he trabajado dos años en la misión de la OEA (…) – nunca han sido favorables al país. En los últimos años, hemos ganado un solo caso. Todos los demás, y la gran mayoría, son de gente que ha cometido delitos contra el Estado (…), gente relacionada a grupos terroristas, subversivos, delincuentes", sostuvo.

En esa línea, citó "el ejemplo de la señora Berenson a la que le dieron plata y la sacaron, al señor Polay que ha ido allá también a esa Corte IDH (…) y a una serie de terroristas que han estado en esta situación que se dedican a tratar de usar la justicia".

"Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema de justicia (...) La JNJ, en estos tres años, solo se ha dedicado a tratar de cubrir a la gente que estaba relacionada (…) a grupos de quienes se encargaron de armar esta junta (…), incumpliendo la Constitución, teniendo un miembro mayor a los 75 años", agregó.

Consultado respecto a que los fallos desfavorables para el Estado no tendrían que ver más bien con una defensa deficiente, Cueto Aservi señaló que eso tendría que ver con falta de presupuesto destinado a ese fin.

"Cómo vas a tener una respuesta del Estado cuando se supone que debería representarlo gente, enviar gente, que el procurador viaje con un grupo de gente que lo sostenga y muchas veces no les dan ni los viáticos (…) El procurador tiene que estar peleando para que le den sus pasajes, no hay fondos. Hay una serie de millones que se han despilfarrado en asesorías a diversos ministerios, pero, en este caso, cuando se tiene que ir a defender al Estado, muchas veces no llega", indicó.

A su vez, el parlamentario remarcó que "no debemos ver nuestros temas en otras entidades supranacionales que, en realidad, no han significado ningún aporte para el Estado", sino "un gasto de dinero que debería ser empleado para mejorar nuestra propia justicia y no estarles pagando".

"Así como se habla de esterilizaciones y conflictos laborales y todo lo demás que tienen y deberían ser, con una adecuada justicia en el país, resueltos en el Perú, no en organismos supranacionales que ya sabemos (…) que están usando la rueda giratoria entre ellos, una serie de personajes que, dicho sea de paso, nadie ha escogido, por lo menos en el Perú, no", indicó. 

Finalmente, José Cueto señaló, sin pruebas, que la Corte IDH ve casos exprés.

"Allá seleccionan (lo casos), ni siquiera es por tiempo de llegada (...) He visto casos exprés, no me acuerdo de Perú, pero sí he visto de otros países, en la misma Corte IDH, casos exprés que reclamaban las personas y no les hacían caso porque hay un sesgo ideológico terrible", puntualizó. 

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