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por Julio Cisneros
·La presentación de una demanda a favor del terrorista Víctor Polay Campos causó indignación en el país. En dicha demanda, se cuestiona el proceso judicial y las condiciones de reclusión del cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (M.R.T.A).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a la demanda presentada por el excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, que fue condenado por el delito de terrorismo violando su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales.
También se resalta que, pese a que se denunció que Víctor Polay Campos fue víctima de constantes actos de tortura al haber sido recluido en penales que vulneran sus derechos de libertad religiosa, estudios, entre otros, el Ministerio Público no investigó estos hechos.
"Esperamos que las autoridades lo resuelvan"
El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo esperar que la contra respuesta que presentará el Ejecutivo sea tomada en cuenta por la Comisión.
"Toda persona tiene derecho a solicitar, si ha sido vulnerado o no, para eso somos nosotros parte de la Comisión Interamericana de Justicia, de manera que esto, esperamos que las autoridades lo resuelvan", dijo el titular del Mininter.
La Comisión puede recomendar una solución amistosa entre la parte demandante y el Estado Peruano. Si esta alternativa no prospera, deberá determinar si hubo o no violación de derechos humanos y emitir recomendaciones.
El exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior José Luis Gil consideró que la demanda interpuesta a favor de Víctor Polay Campos es parte de un mecanismo utilizado por sentenciados por terrorismo para obtener beneficios.
"Por dos razones, uno porque se debilita las fuerzas de seguridad y por otro lado se logran compensaciones económicas, ya vemos el caso de Mónica Feria Tinta, la terrorista Feria Tinta y otros como Lori Berenson que finalmente hicieron que el Estado les pague una indemnización", expresó José Luis Gil.
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"Apropiado equipo de defensa"
El Estado Peruano comunicó a la Comisión que el 9 de enero de 1998 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya se pronunció sobre hechos similares. No obstante, la instancia internacional precisó que no basta una “comunicación” de hechos ante cualquier instancia para alegar duplicidad de proceso.
La exministra de Justicia y exprocuradora Supranacional, Delia Muñoz, resaltó la necesidad de que el Estado Peruano cuente con una adecuada defensa.
"Creo que es momento de pedirle al ministro de Justicia, a las altas autoridades de nuestro país que armen un apropiado equipo de defensa, porque este caso es absolutamente emblemático", expresó Delia Muñoz.
Víctor Polay Campos fue detenido en febrero de 1989 y recluido en el Penal Miguel Castro Castro de donde logró fugar. En junio de 1992 fue nuevamente capturado y trasladado hacia el penal de Yanamayo en Puno.
En abril de 1993 fue condenado por terrorismo por un tribunal sin rostro siendo trasladado a Lima para ser internado en el Centro de Reclusión habilitado en la Base Naval del Callao.
Tras anularse los juicios y sentencias de los tribunales sin rostro, Víctor Polay Campos fue sometido a un juicio oral a cargo de un tribunal de la Sala Penal Nacional que el 21 de marzo del 2006 lo condenó a 32 años de prisión y al pago de 50 millones de soles como reparación civil a favor del Estado.
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Julio Cisneros Periodista
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