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por Redacción RPP
·El titular del Consejo de Ministros consideró que existiría "un evidente direccionamiento", por parte de la Fiscalía de la Nación, en contra de la presidenta de la República.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, crítico la lectura del fallo judicial contra el exmandatario Ollanta Humala y señaló que las denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, “afectan la democracia”.
Durante una reunión con autoridades locales y regionales en la ciudad de Huancayo, el jefe del Gabinete sostuvo que fue un “ejercicio abusivo” por parte del Poder Judicial el haber ordenado la detención de Ollanta Humala solo con el adelanto de fallo en el caso de los aportes ilícitos a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011.
Arana Ysa hacía referencia a la orden de la jueza Nayko de que la pena de 15 años de prisión impuesta en primera instancia en contra de Humala tenía que ejecutarse desde ese mismo momento.
“Se ha dado a conocer la sentencia del Juzgado Constitucional que señala que no tenía la capacidad de disponer la detención del señor Humala, de su esposa y de otros que estaban involucrados en dicha sentencia”, dijo.
Por otro lado, ante las denuncias constitucionales que interpuso la Fiscalía de la Nación ante el Congreso contra Dina Baluarte, el presidente del Consejo de Ministros expresó que “afectan a la democracia y la constitucionalidad”.
“Existe un evidente direccionamiento en contra de la presidenta de la República”, añadió.
Nueve denuncias constitucionales
La semana pasada, la Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso cinco denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.
El organismo público interpuso este viernes 16 tres de ellas, vinculadas a los siguientes casos: las cirugías estéticas a las que se sometió en junio de 2023 (presuntos delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo); la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, en el vehículo presidencial en febrero de 2024 (supuesta comisión del delito de encubrimiento personal); y los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de consignar declaraciones en documentos.
Un día antes, el jueves 15, la Fiscalía informó que formuló otras dos denuncias: por el caso Qali Warma (presunto delito de colusión agravada) y el otro por las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Puno, Cusco, así como en la provincia de Lima (presuntos delitos de lesiones leves y graves).
Además de estos cinco procedimientos, el organismo público interpuso anteriormente otras cuatro denuncias constitucionales: dos por las muerte y heridos en el contexto de las protestas sociales, una tercera por la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y la última por el presunto delito de cohecho pasivo impropio (caso Rolex).
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