En Ampliación de Noticias, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que se busca revertir lo más pronto posible lo estipulado en la Ley 32330 y que, de no proceder, acudirán a instancias internacionales.
La Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, la cual incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que la norma es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual el Perú forma parte, y también es incompatible con el ordenamiento jurídico constitucional y convencional.
"Esto de por sí se va a caer, esta norma. Yo no necesito ser pitoniso, simplemente le comento hoy que esto, tarde o temprano, va a ser declarada inconstitucional, pero estamos hablando de mucho tiempo en camino", manifestó en diálogo con RPP.
Adelantó que se ha solicitado a la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, que se otorgue la prioridad para la revisión de la demanda y que, de no admitirse, "indudablemente" la Defensoría acudirá a instancias internacionales.
Presentan habeas corpus por reclusión de menor
Asimismo, tras conocerse que el Poder Judicial dictó prisión preventiva y la posterior reclusión en un penal de un menor de 16 años investigado por el delito de extorsión, Gutiérrez remarcó que ya se ha presentado un habeas corpus para revertir la medida.
"Este niño es hijo de un interno y sus condiciones de vida, de niñez, hasta ahora, ha sido de un completo abandono y una desprotección absoluta", remarcó.
"Se trata de extorsionadores juveniles que no tienen, primero quizás lo toman como un tema de pasatiempo, pero luego se introducen en el ámbito, digamos, del crimen organizado, porque detrás de eso hay grandes organizaciones transnacionales inclusive, y entonces son fácilmente captado", agregó.
Con la medida, Gutiérrez aclaró que no se busca la liberación del menor, sino su traslado a un centro juvenil, y señaló que la decisión del juez se inclinó por resolver el caso "en conformidad con la ley ordinaria".
"Por eso es que el mismo Poder Judicial sacó un comunicado advirtiendo sobre estas consecuencias, indicando que [los jueces] deberían asumir un control difuso, pero como esto es potestativo, habrá jueces en el Perú que sean valientes y digan: bueno, acá esta norma es infraconstitucional con relación a la otra y no la voy a aplicar".
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