La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que las entidades encargadas de dicha evaluación serán Servir y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Agregó que se ha emitido un dispositivo legal de naturaleza temporal a fin de que ningún servicio del Estado deje de atender por carecer de recursos humanos, tras la aprobación de dicha norma.
El Ejecutivo acordó evaluar una acción de inconstitucionalidad por la ley que elimina progresivamente el régimen CAS, que fue aprobada en el Congreso de la República, según informó este miércoles la presidenta del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez.
En conferencia de prensa, la titular del Consejo de Ministros indicó que las entidades encargadas de dicha evaluación serán Servir y el Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos. Además, mencionó la necesidad de entablar un diálogo con el Congreso, a fin de compartir con ellos los impactos de la norma.
“Hemos acordado encargar a Servir y al Ministerio de Justicia la evaluación de una posible acción de inconstitucionalidad contra la mencionada ley, pero también entablar un diálogo con el Congreso de la República para compartir con ellos los impactos de la ley aprobada en el funcionamiento de los servicios que se brindan a la población a través de dos mil entidades públicas a nivel nacional y la necesidad de compartir con ellos el porqué de estas medidas transitorias”, sostuvo.
Evaluación de ley y dispositivo temporal
Violeta Bermúdez indicó que desde el Gobierno evaluaron la ley CAS y determinaron que en el texto de la ley aprobada se dejó de lado la implementación de la carrera pública. También, en una de sus disposiciones se prohíbe la contratación de personal bajo el régimen CAS a partir de su vigencia, es decir desde el 09 de marzo, lo que generó un problema en las contrataciones de diversas entidades.
La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, explicó que esta paralización en la contratación de personal, podría tener consecuencias en los servicios esenciales que se prestan a la población.
Informó también que se decidió avanzar en la implementación del Servicio Civil porque es fundamental cumplir también con la intensión del Congreso de la República, de que todos los servidores públicos cuenten con sus derechos reconocidos por la Constitución y las leyes.
En esa línea, detalló que se acordó emitir un dispositivo legal como una medida inmediata y temporal, para que ningún servicio del Estado deje de atender por carecer de recursos humanos.
Violeta Bermúdez explicó que es necesario contar con los profesores para la continuación del año escolar, garantizar la contratación del personal para la atención de la pandemia y el proceso de vacunación.
Precisamente, el pasado 4 de marzo, el Congreso de la República, aprobó por mayoría la insistencia de la autógrafa que elimina en forma progresiva el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público.
Andina
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