En diálogo exclusivo con RPP, el presidente del Consejo de Ministros negó que el proyecto de ley presentado por el Gobierno pretenda establecer una suerte de ‘Ley Mordaza’ que afecte las investigaciones periodísticas.
La noche del último miércoles, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual solicitan que se le otorgue facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por el plazo de 60 días.
El documento, en su punto 3.1.5., pide “modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales; así como establecer un supuesto especifico de inhabilitación aplicable en caso de condena por dicho delito”.
En diálogo con RPP, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, negó que con este punto el proyecto de ley presentado por el Gobierno pretenda establecer una suerte de ‘Ley Mordaza’, que afecte las investigaciones periodísticas.
“No existe ninguna voluntad de atacar o de indisponerse con la prensa. Por el contrario, cuando tengamos que redactar el decreto legislativo vamos a convocar a periodistas para que puedan revisar los borradores y ellos mismos puedan hacer sus sugerencias y recomendaciones”, acotó.
“[…] No estamos hablando de la labor legítima que hacen las unidades de investigación de los medios de prensa. Por el contrario, para nosotros, la prensa es un aliado en esta lucha contra el crimen”, acotó.
¿A quién va dirigido la presunta sanción propuesta en el proyecto de ley?
El titular de la PCM precisó que la finalidad del proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia (Minjus) es evitar que no se sancione penalmente a aquellas personas que alertan a los implicados sobre los avances de una investigación o que “propician la impunidad”.
“La propuesta del Ministerio de Justicia lo que quiere es evitar que en las próximas oportunidades no exista sanción penal para aquellas personas que alertan a los investigados o a aquellas personas que deben ser detenidas por la fuerza pública, en el ejercicio regular de un procedimiento judicial o de un procedimiento policial, y que escapan a la justicia por la delación [o] por la incidencia de mandos de autoridades o de personas de inferior jerarquía. Revisada la legislación, hemos encontrado de que existe sanción administrativa, más no sanción penal y esto no puede continuar ocurriendo”, indicó.
Asimismo, Álvarez señaló que la propuesta de incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones tiene como objetivo proteger los procedimientos policiales y judiciales, y así evitar que las bandas criminales actúen con impunidad.
“[A quién va dirigida esta supuesta sanción?] Básicamente, a proteger los procedimientos judiciales y policiales, incluidos los del Ministerio Público, para evitar la impunidad, que bandas organizadas, criminales [y] secuestradores logren escapar de la justicia por la delación, por la incidencia de malas autoridades o de malos policías, como ya sucedido de manera documentada”, concluyó.