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Gobierno alista cambios en el marco normativo en materia de seguridad ciudadana

Gobierno oficializó la noche del martes el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana por 60 días.
Gobierno oficializó la noche del martes el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana por 60 días.

El titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, dio a conocer que estos cambios obedecen al estado de emergencia decretado por el Gobierno en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y en Sullana.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Eduardo Arana Ysa, informó que en los próximos días habrá novedades respecto al marco normativo relacionado a temas de seguridad ciudadana.

En ese sentido, el titular del Minjusdh afirmó que contemplan se realicen algunos cambios, esto a raíz de que el Ejecutivo declarara en estado de emergencia a San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP), y siete distritos de la provincia de Sullana, ante el incremento de la violencia y criminalidad. 

Asimismo, recordó que el Gobierno solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas con el propósito de combatir a la delicuencia que impera en el país. 

"Es importante recordar que el Gobieno ha pedido facultades y en estas facultades se le está otorgando al Gobierno la posibilidad de modificar el sistema normativo y el sistema procesal para actuar de manerca concertada con todas las instituciones", afirmó el integrante del Gabinente Ministerial. 

Dijo, también, que dichos cambios y novedades serán anunciados en su momento por el primer ministro, Alberto Otárola

Por otro lado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio a conocer que este viernes presentará ante el Legislativo el proyecto de ley que busca tipificar como 'terrorismo urbano' a delitos comunes como extorsión, sicariato, bandas organizadas, entre otros. 

Cabe señalar, que este anuncio se dio tras suscribirse un acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo es fortalecer los servicios de defensa pública en beneficio de la comuna capitalina.

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