Un Decreto Supremo publicado la noche del jueves estableció medidas para asegurar el acceso a la vacuna contra la COVID-19 a los voluntarios que participaron en los ensayos clínicos de la vacuna contra la enfermedad en el Perú,
La medida del Ejecutivo se publica tras el entrampamiento del proceso de vacunación de los voluntarios tras el escándalo del "vacunagate", que implicó al director de los ensayos clínicos de la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga, entre otros funcionarios.
El decreto indica que el patrocinador de la investigación (la farmacéutica) "puede administrar la vacuna en investigación a los sujetos de investigación enrolados en el ensayo clínico y que no la hayan recibido". Para tal efecto, debe presentar ante la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica - OGITT del Instituto Nacional de Salud (INS), "un informe que sustente la evidencia nacional e internacional que haya sido generada a partir de los ensayos clínicos desarrollados para la vacuna en investigación".
Además, precisa que para el acceso de los voluntarios a la vacuna, "el Investigador Principal del ensayo clínico" debe proceder "a la apertura del ciego" para determinar a quienes les corresponde ser inoculados.
Asimismo, según el decreto, el patrocinador del ensayo clínico debe solicitar a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) la autorización correspondiente para su uso en calidad de producto de investigación.
El decreto informa que la autorización de uso de las vacunas en los voluntarios "permite al patrocinador la importación de las referidas vacunas".
