por Redacción RPP
·Los ministros Eduardo Arana (PCM) y Carlos Malaver (Mininter) defendieron que ya hay operativos de seguridad y vigilancia que harían innecesario decretar un estado de excepción para combatir las extorsiones en el transporte, con la mira de priorizas la no supresión de derechos.
El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, y el ministro del Interior (Mininter), Carlos Malaver, consideraron este martes que no sería necesario declarar un estado de emergencia para el sector de transporte público en Lima y Callao, a pesar de que esta fue una exigencia reiterada de los gremios y un acuerdo reciente alcanzado entre dirigentes de los transportistas y parlamentarios en el Congreso.
Los ministros, que participaron en la mesa de diálogo con los transportistas que llevó al levantamiento del paro la noche de ayer, lunes, explicaron que la seguridad ciudadana y la lucha contra la extorsión ya se están abordando mediante mecanismos policiales y legales que no requieren la suspensión de derechos constitucionales.
Durante la conferencia de prensa de la PCM de este martes, el ministro Arana sugirió que el pedido de los gremios transportistas, quienes plantearon la necesidad de declarar en estado de emergencia el sector, no se ajustaba al concepto operativo de seguridad y protección de bienes y conductores.
Arana indicó que en la reunión de anoche con los transportistas se explicó que existen diferentes escenarios de estado de emergencia, diferenciando entre un régimen de excepción previsto en la Constitución (que implica la supresión de derechos), un estado de emergencia para contrataciones del Estado (que permite adquirir bienes con mayor rapidez) o un estado de emergencia en el ámbito administrativo para verificar un plan de trabajo.
El titular de la PCM insistió en que las actividades de seguridad y protección ya están siendo desarrolladas por la Policía Nacional a través de operativos de vigilancia, coordinación, apoyo, seguimiento y trabajo de inteligencia.
Eduardo Arana subrayó que cualquier acción del Ejecutivo debe tener un propósito, un correlato fáctico y un resultado esperado. Si estos resultados pueden lograrse mediante mecanismos que no impliquen la supresión de derechos constitucionales, el Gobierno está obligado a utilizarlos.
"Si para yo conseguir un número, necesito, por ejemplo, violar un domicilio, no lo necesito, porque lo puedo hacer, por ejemplo, vía georreferenciación o geolocalización. Para detener a una persona, ¿necesito tener un estado de emergencia? No la necesito, porque la tengo mediante una investigación, ya he determinado al culpable, y lo puedo atrapar", explicó.
"Es evidente que existen otros mecanismos en los cuales, de manera sucedánea e inclusive de mejor manera, se pueden utilizar, y la Policía lo está haciendo para llegar al mismo objetivo, que eso es lo que le hemos explicado el día de ayer (a los transportistas)", agregó.
Arana calificó como una falta de responsabilidad declarar un estado de emergencia si solo sirve como un "marco conceptual o un marco periodístico" en lugar de ser una solución operativa.
Dinamismo policial sin estado de excepción
El ministro del Interior, Carlos Malaver, explicó que el propósito tradicional de declarar un estado de emergencia es reaccionar ante un control territorial y mejorar la prevención mediante la suspensión de garantías constitucionales, lo que facilita detenciones y registros.
Sin embargo, Malaver señaló que, durante su gestión, se ha buscado que esta medida no sea la única herramienta para dinamizar la acción policial.
El ministro destacó que la Ley 32130, que dinamiza la acción de la Policía, está permitiendo que la respuesta sea "mucho más ágil, mucho más rápida" y está arrojando resultados apreciados por la ciudadanía.
Aunque la evaluación de un estado de emergencia "lógico, no se descarta", actualmente se está dinamizando el trabajo policial a través de estas otras herramientas legales.
Gremios de transportistas se reunieron en el Congreso
La postura del Ejecutivo surge después de que los transportistas acataran un paro por 24 horas motivado por incidentes violentos, incluido el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores. Si bien el Gobierno y los dirigentes acordaron suspender el paro y establecer una mesa de trabajo el 14 de octubre, el pedido de considerar un estado de emergencia persiste.
De hecho, este martes, un día después de los acuerdos con el Ejecutivo, representantes de los gremios se reunieron en el Congreso, donde se acordó avanzar hacia la declaratoria de estado de emergencia para el transporte público.
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