Informe | La reforma política sufre primera traba tras rechazo del Congreso a ajustar controles sobre la inmunidad

El Gobierno de Martín Vizcarra y el Congreso de la República protagonizan un nuevo choque de fuerzas luego de que el Parlamento archivara una de las doce propuestas del Ejecutivo para la reforma política del país. Este archivamiento tenía que ver con el proyecto que sugería cambios a las reglas de la inmunidad parlamentaria.

El propio presidente Vizcarra señaló el último martes que “no están dadas las condiciones para tratar el tema de reforma política”. Esto, tras presentarse sorpresivamente en el Congreso para comunicar que sus ministros (el premier Salvador Del Solar y el titular de Justicia, Vicente Zeballos) no asistirían a la Comisión de Constitución que los invitó para sustentar las iniciativas.

“Al día siguiente del diálogo, y antes de que pudiéramos defender nuestra visión sobre las propuestas, se archiva de manera exprés una iniciativa tan importante como la de la revisión de la inmunidad parlamentaria”, declaró más tarde Del Solar en entrevista con RPP.

¿En qué consistía el proyecto sobre la inmunidad?

El proyecto en cuestión sugería que sea la Corte Suprema de Justicia -y ya no el Congreso- la que decida sobre el levantamiento de inmunidad a parlamentarios en casos de delito común no flagrante. Para flagrancia, se planteaba que el caso del congresista pase inmediatamente a disposición del fiscal de la Nación.

Este era el octavo de la lista de doce proyectos con los que el Ejecutivo pretende impulsar un cambio integral dentro del sistema político peruano. Además, la iniciativa sobre la inmunidad tenía un peso especial, pues implicaba una modificación a la Constitución (en su artículo 93).

“La inmunidad es una garantía que el ordenamiento ha reservado para ciertos altos funcionarios, con la finalidad de evitar que se estén enfrentando constantemente a denuncias que no tienen sustento alguno y que, en todo caso, podrían tener el objetivo de entorpecer el ejercicio de sus funciones. Pero también el uso ideal es que no genere impunidad”, explica la abogada constitucionalista Gabriela Oporto Patroni.

Actualmente, el artículo 93 de la Carta Magna establece que cuando un congresista ha cometido delito, solamente el Congreso de la República puede autorizar su procesamiento penal o su arresto. En caso de delito flagrante -aquel que se detecta en el preciso momento en el que se comete- es también potestad constitucional del Congreso decidir sobre la inmunidad dentro de las 24 horas.

En contraposición a esta regla, el proyecto de ley exigía a la Corte Suprema de Justicia -el ente máximo del Poder Judicial- pronunciarse sobre la solicitud de levantamiento de inmunidad a un congresista dentro de un plazo único de 30 días hábiles tras aquel pedido.

En adición, se especificaba que no exista procedimiento de levantamiento de la inmunidad y que la acción penal sea inmediata en caso de que el parlamentario haya cometido delito antes de ser elegido. Esto quiere decir que el arresto de congresistas sentenciados como Edwin Donayre -actualmente prófugo tras una condena de doble instancia por robo de gasolina al Estado durante el 2006- hubiese sido automático.

“La lógica de la inmunidad parlamentaria es que no se pueda tomar represalias contra los congresistas por su función legislativa, su trabajo político o su generación de leyes. Cualquier tipo de acción [delictiva] que no guarde relación con su función de representación debería ser, en estricto, punible. Los delitos comunes deben estar sujetos, por supuesto, a las leyes. Es por eso que la figura actual de la inmunidad parlamentaria no tiene mucho sentido”, precisa la politóloga Eliana Carlín Ronquillo.

Trabas a la propuesta

Para el ex oficial mayor del Congreso, José Elice Navarro, el proyecto de la inmunidad debió pasar por un debate más plural, como el que podría garantizar el Pleno del Congreso. “Las comisiones son órganos accesorios, que sirven al Pleno del Congreso. No son órganos que, en sí mismos, puedan tomar decisiones en términos sustanciales como esta que se ha tomado en el sentido de rechazar una reforma constitucional de la forma como se ha hecho”, señala el abogado.

Posterior al archivamiento, la Comisión de Constitución generó un predictamen (que aún no tiene aprobación) para establecer la figura del “silencio positivo” frente a un pedido de levantamiento de inmunidad. En el texto, que podría modificarse en los siguientes días y que no tiene fecha de debate, también se pretende modificar el artículo 93 de la Constitución, pero solo estableciendo un plazo máximo de 60 días hábiles para que el Congreso se pronuncie sobre un pedido de esta naturaleza. De vencerse el plazo y no existir pronunciamiento, se entendería como positiva la respuesta a la solicitud. Pero este predictamen no guarda relación con la naturaleza del proyecto del Ejecutivo. Además, no genera cambios frente a los casos de flagrancia.

“La inmunidad de altos funcionarios está pensada para delitos en ejercicio de la función. Pero a un alto funcionario [como establece la Constitución en este momento] lo podrían encontrar pegándole a su pareja y no podría ser arrestado inmediatamente, sino que tendría que ser puesto a disposición del Congreso. Si hay flagrancia, no tendría por qué haber un uso político de la denuncia. Entonces, nos tendríamos que preguntar cuál es la razón de seguir teniendo esa regla”, agrega la abogada Gabriela Oporto.

La especialista en temas políticos, Eliana Carlín, es tajante y estima que el Congreso no tiene la voluntad política que la reforma necesita. “[Lo de la inmunidad] se trabó porque el Congreso no lo tiene como prioridad. En la práctica, lo que ocurre es que la reforma está secuestrada por el Congreso. Finalmente, lo que están haciendo es empujar al presidente a llevar las reformas a un proceso de confianza. Por supuesto, tiene prerrogativas para tomarse sus tiempos, pero los plazos son cortos y, de hecho, es un clima de confrontación que no termina. Si bien ha habido visos, por momentos, de calma, de tregua, la verdad es que esto no se ha logrado”.

José Elice, por su parte, considera que debe existir ponderación desde ambos frentes, pues es evidente el riesgo de que todo el proceso de reforma fracase. “El Congreso, en parte, tiene razón en que hay que tomar un tiempo para evaluar las propuestas. Pero, por otro lado, ha sido muy violenta la decisión de rechazo de la Comisión de Constitución. Lo más importante en este momento es guardar la calma. La reforma política es importante en el sentido de que hay que empezar a cambiar algunas cosas en el país, para ver si, por lo menos, a partir del siguiente proceso electoral, las cosas van mejorando”, opina.

Reforma contra el reloj

Las propuestas del Ejecutivo para la reforma política, al igual que cualquier otra iniciativa presentada ante el Legislativo, pueden estar sujetas a cambios dentro de la Comisión de Constitución o del propio Pleno del Congreso. De momento, el Gobierno trabaja en una nueva propuesta que compartiría la esencia de la iniciativa archivada. Así lo anunció el martes el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

La presión que hay desde el Ejecutivo hacia el Congreso responde al corto plazo que existe para la votación de cada proyecto de reforma. Según la Ley Orgánica de Elecciones (en su artículo 4), las normas vinculadas a procesos electorales deben tener, por lo menos, un año de vigencia para que puedan aplicarse a los próximos comicios. Además, los proyectos de modificación constitucional requieren de votación del Pleno del Congreso en dos periodos de legislatura consecutivos; con lo cual, las cuatro iniciativas de reforma de la Carta Magna tienen una fecha de vencimiento aun más cercana.