Comisión Permanente evalúa destitución e inhabilitación de Pedro Chávarry. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El fiscal supremo Pedro Chávarry se presentó ante la Comisión Permanente que evalúa su destitución e inhabilitación para negar haber cometido delitos o alguna infracción constitucional durante su ejercicio como fiscal de la Nación.

"Hoy se me maltrata mediáticamente porque la factura que me pasan los poderosos no quedaría impune conmigo. Me quieren aniquilar como magistrado, un magistrado de trayectoria, que nunca tuvo ningún problema disciplinario", señaló.

Chávarry culpó a los "delincuentes" que investigó como fiscal supremo de control interno de estar detrás de estas "falsas imputaciones". Asimismo, acusó al presidente Martín Vizcarra de haberse molestado con él por la reapertura -cuando fue fiscal de la Nación- del caso Chincheros que ocurrió cuando era ministro de Transportes.

"Vizcarra no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el caso Chincheros. Este proceso se va a acreditar e investigar como debe ser. Será denunciado por posibles actos de corrupción y quizás por eso no me perdona", dijo.

En otro momento el fiscal supremo dijo lamentar que actualmente el Ministerio Público "se ponga de rodillas ante intereses privados". Asimismo, acusó al fiscal José Domingo Pérez -sin mencionar directamente su nombre- de haber "ordenado" su cese como fiscal de la Nación.

"Es el mismo que firmó el preconvenio entreguista con Odebrecht, es el que se dedicó a perseguir políticos y partidos que no son de su agrado, siguiendo una línea de trabajo que viene enlodando lo que significa el trabajo del Ministerio Público", dijo.

En su intervención Chávarry se definió como un funcionario "independiente" y "apolítico" que "no defiende la corrupción". Sin embargo, cuestionó que al expresidente Alan García "lo hayan querido tener (detenido) sin acusación fiscal y sin ningún indicio". Del mismo modo criticó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimoriafronte 36 meses de prisión preventiva sin una acusación.

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