Koki Noriega, presidente de la ANGR, criticó las declaraciones del jefe del Gabinete respecto a las responsabilidades del último enfrentamiento armado en Pataz, vinculado a la extracción minera. Noriega resaltó que el Gobierno central tiene la zona en estado de emergencia desde hace casi 2 años.
La madrugada del pasado 31 de diciembre, un enfrentamiento armado en la bocamina ‘Papagayo’, ubicada en el sector Morena del anexo de Vijus, en el distrito de Pataz, La Libertad, dejó tres muertos con impactos de bala y la detención de dos personas.
Según información de la Compañía Minera Poderosa, su personal de seguridad se trasladó hacia la zona tras escuchar impactos de bala. Al llegar, encontraron a los fallecidos, "quienes habrían ingresado de manera ilegal a la zona de minado con la intención de sustraer mineral, por lo que se dio aviso inmediato a la Policía". Además, indicaron que el enfrentamiento "se habría producido en un sector donde operan grupos dedicados a la minería ilegal que se disputan el control del área".
Al respecto, la Asamblea General de Gobiernos Regionales (ANGR), a través de un comunicado, condenó los asesinatos y los señaló como "consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz del Ejecutivo, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas".
Ante ello, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en diálogo con RPP, señaló que el problema de la minería ilegal se arrastra desde hace varios años, ya que, "durante décadas, los gobiernos regionales han usufructuado" su autonomía "para manejar recursos del pueblo sin lograr eficiencia ni resultados alguno". Además, los acusó de estar "implicados" en dicha actividad ilícita.
El ministro también afirmó que "no es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal y mucho menos minería ilegal".
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Presidente de la ANGR pide la salida de Álvarez
Koki Noriega, presidente de la ANGR, en diálogo con RPP, señaló que el Gobierno central es el que tiene el "control" de Pataz, ya que la zona se encuentra en estado de emergencia desde hace "casi dos años" y que, pese a ello, se ha registrado 49 víctimas mortales durante el 2025.
“Hay datos que debemos recordar nosotros. Vamos al artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que Pataz está en estado de emergencia y el control lo tiene el gobierno central. En el año 2025, [hubo] casi 49 víctimas en Pataz, en casi dos años de estado de emergencia. Por eso, nosotros, enérgicamente, hemos pedido, no solo estados de emergencia, sino ya control territorial. Porque ahí, en Pataz, el Estado ha perdido todo el espacio con las Fuerzas Armadas y la Policía, y no ha habido respuesta a esta emergencia", indicó.
En esa línea, rechazó las expresiones del jefe del Gabinete y consideró que su permanencia en el cargo debería ser evaluada, pues -estimó- los hechos en Pataz demandan una responsabilidad política.
"Ayer, el premier fue totalmente frontal con los gobiernos regionales, echando la culpa a nosotros, y ese término, que diga usufructuar, o sea, ¿qué es usufructuar?, que prácticamente los gobiernos regionales hemos sacado provecho. Pero le digo al premier que todos los recursos generados por la minería van directamente al Tesoro Público, al MEF. No va un centavo a las regiones. Entonces, yo no entiendo por qué trata de usufructuar o en qué se han beneficiado a las regiones. Al contrario, nos han emitido una carga a nosotros sin presupuesto, y después han centralizado todas las competencias", alegó.
"Argumento por qué [se debe evaluar] la permanencia del premier. Primero, en mayo, cuando murieron trece personas, cayó el premier Adrianzen. Después, con el ataque en Chorrillos a Agua Marina, lo vacaron a la presidenta. Acá debe haber costos políticos, porque son los responsables el ministro del Interior y también el premier, son responsables directos [...] Mi opinión [es que] debe haber alguien que pague los costos políticos, siempre. Para mí, [es] el premier", remarcó.
Además, Noriega dijo que es falso que los gobiernos regionales hayan tenido autonomía para enfrentar la minería ilegal.
"Esa narrativa es totalmente falsa. Nunca los gobiernos regionales hemos tenido autonomía en formalización y fiscalización de la minería artesanal o pequeña minería. Siempre ha estado en el gobierno central. ¿Quién maneja OEFA? El gobierno central desde fiscalización del medio ambiente. ¿Quién maneja ANA? El gobierno central desde el Ministerio del Ambiente. Todo siempre ha estado en manos del gobierno central", señaló.
"A nosotros nos dieron unas competencias administrativas, sin presupuestos, sin recursos […] Entonces, siempre los organismos fiscalizadores competentes de sanción han estado en manos del gobierno central. Por eso, nosotros solicitamos en algún momento que nos den esas competencias administrativas para enfrentar de la mejor manera. Y ahora, en el último año, con esa narrativa engañosa que sale de Lima con términos centralistas de decir que los gobiernos regionales son culpables", agregó.
Finalmente, el presidente de la ANGR pidió que el presidente José Jerí convoque a los gobernadores regionales para articular una solución conjunta ante la minería ilegal.
"En estado de emergencia, el control lo tiene el Ejército, pero faltan acciones muy importantes dentro del territorio. El Ministerio Público debería estar ahí para cualquier flagrancia; debe estar el Ministerio del Ambiente ahí con OEFA, con ANA. Entonces, las acciones articuladas del control territorial del Estado se hacen más rápido. ¿Qué es lo que pasa? A veces, solamente está la Policía o el Ejército. Hasta que venga el Ministerio Público, hasta que vengan las otras autoridades competentes para que puedan dar sus informes, esto se alarga y no tenemos ningún resultado", sostuvo.
"Esperemos que nos convoquen a los gobiernos regionales, [porque] estamos totalmente dispuestos a trabajar de la mano en estas facultades que el Congreso ha delegado en temas de seguridad. Esperemos que nos convoquen a nosotros, escucharnos a nosotros, con nuestro equipo técnico, para poder dar alcances normativos, administrativos, para que desde nuestro territorio, desde las regiones, podamos ayudarle", puntualizó.