Tanto el premier Alberto Otárola como la presidenta Dina Boluarte son investigados por los decesos que dejaron las protestas contra el actual gobierno entre diciembre y enero pasado.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se retiró este miércoles de la Fiscalía tras cinco horas en el lugar dando su manifestación por la investigación que se le sigue por las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte a principios de este año.
Otárola fue citado a las 2.30 p. m. por el Ministerio Público y llegó a esa hora para, posteriormente, retirarse a las 7:45 p. m. Sin embargo, ni a su entrada y posterior salida dio declaraciones a la prensa.
La presidenta Dina Boluarte también acudió en la mañana a la Fiscalía para responder por el mismo caso, pues también está incluida en la investigación. Joseph Campos, abogado de la mandataria, señaló que respondieron parcialmente las preguntas del Ministerio Público y pidieron que se remitan a las declaraciones consignadas en anteriores diligencias, ya que consideraron que la acusación por presunto genocidio contra la jefa de Estado no tiene "ningún tipo de asidero".
Tanto Boluarte como Otárola y otras autoridades del Gobierno están incluidos en el caso por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad por las muertes de al menos 70 personas, entre ellas 49 ciudadanos que perdieron la vida en enfrentamientos directos con la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
El pasado 6 de junio, la mandataria respondió durante tres horas a las preguntas de la Fiscalía sobre este caso. Se trataba de la tercera vez que ella era citada, ya que inicialmente debió comparecer a fines de enero.
Por su parte, Alberto Otárola destacó que las decisiones de Boluarte fueron "en defensa de la democracia" que le llevan ahora a declarar ante el Ministerio Público.
"El saludo caluroso de la presidenta Dina Boluarte, quien por las decisiones que tomó en defensa de la democracia, está preparándose para asistir a una diligencia judicial", dijo el premier durante su participación en Perumin.
Puede ser investigada por la Fiscalía, pero no acusada
El abogado penalista Julio Rodríguez mencionó que si bien la mandataria puede ser investigada por la Fiscalía, no puede ser sometida a una acusación.
"No se cumplen con los requisitos que el tipo penal de genocidio prevé. No obstante, en esta etapa el Ministerio Público abre una investigación sobre la base de la noticia criminal y las personas que denuncian el hecho y puede llegar hasta antes de la acusación. Esto es lo que faculta el Código Procesal Penal: el presidente en ejercicio no puede ser acusado. Pero sí puede ser investigado", aseveró en 'Ampliación de Noticias' de RPP.
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