El fiscal Julio Ormeño dijo que un colaborador eficaz indicó que la madre de Sada Goray compraba "números telefónicos internacionales" que se repartían a los "socios" de la empresaria, como el congresista Darwin Espinoza.
El juez Raúl Justiniano, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, retomó hoy, lunes, la audiencia del pedido de prisión preventiva de 36 meses contra la empresaria Sada Goray, investigada por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado.
En dicha audiencia, la Fiscalía expuso los argumentos para sustentar que Goray Chong incurre en "peligro de fuga y peligro de obstaculización", por lo que correspondería imponerle la referida medida.
En ese sentido, reveló datos importantes en torno al caso, que permiten tener nuevas luces de cómo se compuso la "ruta del pacto colusorio" que habría operado al interior del Ministerio de Vivienda (MVCS) durante la gestión de Geiner Alvarado, en el gobierno de Pedro Castillo.
Números internacionales
El fiscal adjunto provincial provisional Julio Ormeño Peves, integrante del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), reveló el testimonio de un colaborador eficaz que aseguró que la empresaria y su madre compraban "números internacionales" para "realizar actividades delictivas".
“Para comunicarse con sus socios y realizar actividades comerciales y delictivas utilizaba números telefónicos internacionales comprados por ella o su madre en EE.UU., los cuales cambiaba frecuentemente. Cada vez que viajaba al Perú traía teléfonos con números internacionales activados", sostuvo el representante del Ministerio Público.
Además, según su exposición, en estos hechos estaría involucrado el congresista Darwin Espinoza de la bancada de Acción Popular.
"Estas líneas eran entregadas por Sada Goray a las personas con las que hacía sus distintos negocios, entre ellas el congresista Darwin Espinoza, Luis Mesones (…), entre otros”, aseguró Ormeño.
Pertenecería a una organización criminal
En otro momento de la audiencia, el representante del Ministerio Público sustentó la tesis fiscal de que Sada Goray pertenecía a una "organización criminal".
"Se le ha asignado un rol de función en la organización criminal: como integrante, coordinadora y operadora. Por tanto, se cumpliría este presupuesto", afirmó.
Asimismo, para sustentar que existiría el peligro de fuga de la investigada, el fiscal Ormeño Peves indicó que ella no contaría con arraigo domiciliario, dado que se habrían identificado hasta 4 domicilios suyos: en Trujillo, La Libertad; en la urb. Golf Los Incas, del distrito limeño de Santiago de Surco; en Tampa, ciudad de Florida, EE.UU.
El cuarto domicilio fue identificado durante la detención de Goray Chong, cuando se le encontró una cédula de identidad de República de Panamá, aseguró el fiscal.
“Tiene facilidades para abandonar el país ya que cuenta con dos domicilios en el extranjero. Sumado a esto (…) se encuentra en su poder un pasaporte vigente donde están inscritas dos VISAS: una de EE.UU. y otra de República de Panamá”, sostuvo.
En otro momento de la audiencia, el integrante del EFICCOP sustentó que la empresaria no cuenta con arraigo familiar "de calidad" puesto que su hija de 18 años vive en la casa del Golf Los Incas y ella en EE.UU.
“Las personas dependientes de ella no se encuentran viviendo con ella”, indicó al tiempo que remarcó que Luis Mesones, padre de sus hijas, se encuentra no habido.
En cuanto al arraigo laboral, el fiscal indicó que Goray Chong renunció, en noviembre del 2022, a la gerencia y a todas las empresas vinculadas a Marka Gropu. Además, habría transferido su porcentaje de acciones a sus otros dos accionistas, por lo que no estaría vinculada a sus empresas.
“No cuenta con arraigo laboral en el país, sus acciones y participaciones en la empresa Marka Group son totalmente nulas y el patrimonio con el que ella contaba, en este caso en la casa ubicada en el Club Golf Los Incas no se encuentra a su nombre sino en un fideicomiso, por lo que no tiene arraigo laboral”, sostuvo.
Cabe precisar que, al inicio de su exposición, el fiscal Ormeño indicó que a la empresaria se le imputa ser "cómplice primaria de delito contra la administración pública en modalidad de colusión simple y colusión agravada", lo cual ameritaría una "pena no menor de 15 años ni mayor de 16 con 6 meses".
Argumentos de la defensa
Por su parte, el abogado de Goray Chong, José Orrego, restó validez a lo referido por el colaborador eficaz respecto a los teléfonos comprados en el extranjero.
“Más allá de ese dicho del colaborador, solamente se basa en que en la declaración de una persona le dicen ‘cuál es el número de la señora’ y da un número; en otra declaración de un colaborador, da un segundo número; y el día que es detenida, tiene un tercer número. Con esa inferencia llega a la conclusión de que lo que dice el colaborador es cierto", argumentó.
"No hay una información de las empresas de telefonía (…) que diga que la señora ha sido titular de 10, 20 o 30 líneas. No hay un solo documento que acredite que compró teléfonos en el extranjero, no hay una declaración de aduanas que diga que trajo al Perú aparatos telefónicos. Solamente está el dicho del colaborador", agregó.
Respecto al arraigo laboral de la empresaria, el letrado argumentó que "tiene un trabajo conocido desde el año 2017 que ha sido autorizado por el Midagri, tiene ingresos económicos provenientes de esa actividad y, por tanto, se desvanece lo señalado por el representante del Ministerio Público”.
Sobre que Goray ya no tiene acciones en Marka Group, el abogado sostuvo que esto debía ser valorado como algo positivo.
"No es un argumento negativo, al contrario, la apreciación debería ser positiva porque si, en efecto, la tesis fiscal parte de la premisa de que se habría instrumentalizado estas empresas para generar un acto ilícito de colusión desleal (…), qué bueno que ya no esté en esas empresas, porque ha tratado de deslindar de las mismas, dejarlas para que no se piense que continúa realizando una actividad criminal”, señaló.
Asimismo, en lo que atañe al arraigo domiciliario y el peligro de fuga del país, Orrego afirmó que “todos los documentos de identificación de Sada Goray han sido incautados y están en poder de la Fiscalía".
"Se ha probado el arraigo domiciliario y familiar, (ella) debe cuidar de su madre que es un adulto mayor de 68 años y tiene hijos menores de edad (...) Si el Ministerio Público intenta sustentar la posibilidad de un peligro de fuga porque una persona ha viajado mucho o porque tiene muchos viajes, eso no es suficiente para hablar de un peligro de fuga. (Ella) tiene varios viajes (…), pero eso no significa per se que exista un peligro de fuga”, indicó.
"Lo que se tiene que valorar es que tenga una posibilidad de permanencia perenne en ese lugar a través de contactos que haya podido realizar (…) Que tenga familiares muy cercanos que dé indicativo que esta persona se va a quedar permanentemente ahí (...) Lo que ha sucedido es que sus hijos y su madre están en el Perú, que su domicilio está en el Perú y que lo que ella ha solicitado en República Dominicana es una calidad migratoria de inversionista, no para vivir permanentemente en ese país”, resaltó.
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