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por Redacción RPP
·El Eficcop también realizó diligencias en las oficinas de la empresa Arenera S.A.C por el caso de un desalojo presuntamente ilegal en Cieneguilla en octubre de 2024.
El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ejecutó este viernes diligencias de exhibición de documentos en la Comisaría de Manchay, la Séptima Región Policial de Lima, la División Policial de Lima Este, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín y las oficinas de la empresa Arenera S.A.C., como parte de una investigación preliminar por presuntos delitos de organización criminal, colusión simple, cohecho pasivo impropio, encubrimiento real y cohecho activo genérico.
Estas acciones se centran en un desalojo irregular de un terreno en Cieneguilla ocurrido el 15 de octubre de 2024, que involucra a figuras clave como el excoronel Percy Tenorio Gamonal y otros presuntos miembros de una red que estaría liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.
El operativo, dirigido por el fiscal provincial Carlos Ordaya López del Equipo 5 del EFICCOP, buscaba esclarecer la participación de un contingente policial de la Comisaría de Manchay en la recuperación del predio ubicado en el kilómetro 11.4 de la carretera a Cieneguilla, a favor de Arenera S.A.C., sin orden judicial vigente pese a litigios pendientes.
Las diligencias del Eficcop
El Ministerio Público informó a través de su cuenta en X que, como parte de la diligencia, "se recabó documentación oficial en el Distrito Fiscal de Lurín sobre los actuados tras la denuncia interpuesta por el presunto desalojo ilegal en la fecha indicada".
Estas acciones forman parte de una etapa preliminar que evalúa el apoyo logístico de la VII Región Policial de Lima, con testimonios que indican la movilización de entre 40 y 50 efectivos que intervinieron en el predio y permanecieron en la zona hasta el día siguiente.
La denunciante alertó al comisario de Manchay sobre la falta de respaldo legal, señalando que Percy Tenorio y sus acompañantes actuaron sin fundamento jurídico.
En su cuenta en X, la Fiscalía señaló que el fiscal Ordaya López obtuvo que información relevante "en la investigación a Percy Tenorio (excoronel de la PNP), Marco Palacios, Yessenia De La Cruz; Franco Parodi y Gianfranco Meza" por su presunta participación en el desalojo.
🚨 #LoÚltimo | #CasoIcaro | Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) efectuó la diligencia de exhibición de documentos en la Séptima Región Policial de Lima, División Policial de Lima Este, comisaría de Manchay, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín… pic.twitter.com/zshjsxDCrt
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 20, 2025
La implicación de Juan José Santiváñez
La pesquisa se enmarca en una hipótesis mayor de organización criminal especializada en la recuperación irregular de predios con intervención policial, donde Juan José Santiváñez figura como principal investigado por su presunto rol protagónico.
Según el Ministerio Público, esta red operaría con un grupo estructurado de capacidad operativa y carácter permanente, que se reparte roles para cometer delitos contra la administración pública, como colusión simple, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y encubrimiento real agravado, en busca de beneficios económicos.
El documento judicial que autorizó diligencias previas, como los allanamientos en agosto de este año que incluyeron la vivienda de Nicanor Boluarte (hermano de la presidente Dina Boluarte), describe a Santiváñez como líder de un grupo integrado por personas de su confianza y servidores públicos reclutados durante su gestión cuando era ministro del Interior (mayo 2024 - marzo 2025).
“Santiváñez habría formado un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente, que de manera concertada y coordinada, se reparten roles para cometer delitos contra la administración pública”, establecía el documento judicial que avalaba el pedido fiscal.
La Fiscalía analiza si el incidente en Cieneguilla refleja un patrón similar al denunciado en la mina El Dorado, en Ayacucho, donde se reportó el uso ilegal de agentes policiales para ocupar predios durante la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior.
En ese caso, operativos beneficiaron a un cliente del estudio jurídico del ministro, a cambio de retribuciones económicas y certificaciones de arraigo laboral para Nicanor Boluarte.
La utilización de policías para recuperar tierras, como en la mina El Dorado, se habría replicado en Lima, fortaleciendo la tesis de una red con mecanismos recurrentes y actores repetidos.
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